Tribunal Constitucional de Espana

Mazazo del Tribunal Constitucional a la extrema derecha en Asturias

El supremo intérprete de la Constitución Española desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por VOX que pretendía censurar el uso del asturiano en la Junta General del Principado de Asturias

El Tribunal Constitucional hizo pública, ayer jueves, la sentencia que pone fin al intento de censura de la ultraderecha en el Principado de Asturias. Se trata de una sentencia con un marcado carácter histórico, ya que esta es la primera vez que se explicita el amparo constitucional a la protección de un patrimonio inmaterial asturiano como es una de sus lenguas propias, y también por la condición que adquiere como cortafuegos constitucional frente a los propósitos de censura de la formación de extrema derecha en Asturias.

En esta sentencia, recogida en un documento de 17 páginas, el Pleno del intérprete supremo de la Constitución esgrime los argumentos por los que avala el uso del asturiano en la Junta General frente al recurso de inconstitucionalidad nº 4911-2020 presentado ante el TC por los parlamentarios del partido de extrema derecha en el Congreso de los Diputados.

La sentencia establece que el reglamento «no reconoce ni a la Administración autonómica, ni a los entes locales, ni a los órganos dependientes de la Administración central, porque sólo queda circunscrito al ámbito de la propia Cámara autonómica».

Lejos de las pretensiones de la ultraderecha, la sentencia señala que las medidas de protección y promoción, como es “el reconocimiento del uso de la lengua propia ante el órgano de representación de la ciudadanía, la Junta General del Principado”, son «especialmente adecuadas para garantizar y visibilizar aquella realidad lingüística plural». La sentencia establece además que ese uso en sede parlamentaria está amparado por la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias.
El documento avala por tanto la utilización de la lengua propia tanto por los diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como por los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados o cualquier persona que comparezca ante la Cámara autonómica. El texto aclara que la falta de oficialidad no excluye la posibilidad de «tutelar» esta «realidad lingüística» en el Parlamento.

Lee aquí la sentencia completa.

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