¿Son los costes de despido responsables?

Artículo de Javier Fernández publicado en el diario El Comercio


“Todos sabíamos cómo hacerlo. Lo que no sabíamos era cómo ser reelegidos después de haberlo hecho”. Esta frase atribuida a Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo, a propósito de la reforma del mercado de trabajo plasma certeramente la actitud de algunos políticos ante el problema. En otros ámbitos, eso se denominaría un quiero y no puedo. En éste es la expresión de un inalcanzable deseo. Por supuesto que hablar de la reforma del mercado de trabajo es hablar del despido. No del despido libre, que enoja a la patronal, sino de la reducción de los costes de extinción del contrato de trabajo.

Cualquier persona con una mínima curiosidad intelectual es probable que lleve tiempo preguntándose, un tanto agobiada por la repetida insistencia en los medios, por la famosa reforma, que Rato, recién salido del armario, juzga urgente, que Almunia reclama desde Bruselas y que Boyer, un keynesiano impenitente, considera extemporánea en momentos de crisis.  Movido por esa intriga he ido a buscar alguna respuesta a mi pregunta fundamental: ¿cómo es posible que ante tanta evidencia científica como la que se viene aduciendo, el Gobierno se niegue a llevarla a término? Para encontrar una respuesta razonada a mi interrogante he ido al lugar en el que estas cuestiones se dirimen de modo civilizado: las Perspectivas del Empleo que la OCDE publica anualmente.

En las del año 2004 he encontrado una primera aclaración a mis dudas. Allí me enteré de algo que también me intrigaba: la recurrente referencia del Gobernador del Banco de España al sistema austriaco de regulación de este asunto, que con esfuerzo pedagógico les resumo. Austria contemplaba en su legislación laboral una indemnización por despido que, a partir de tres años en la empresa, dependía del tiempo en el que el contrato hubiera estado vigente. Nada distinto de lo nuestro. Sin embargo, a partir de 2003 esa regulación se sustituyó por otra que creaba un fondo personal de cada trabajador; ese fondo se nutre de una aportación de la empresa que consiste en un 1,5377% de la nómina del trabajador que se rentabiliza en los mercados financieros. En el caso de despido el trabajador puede retirar su fondo o llevárselo a una nueva empresa que seguirá cotizando el porcentaje anterior hasta la extinción de ese nuevo contrato. Naturalmente que si un trabajador no retira nunca su fondo personal por voluntad propia o por no haber cambiado nunca de empresa en toda su experiencia laboral, disfrutará de esos recursos como complemento a su pensión. He aquí un modo de reducir el coste individual del despido a costa de un aumento permanente del coste del trabajo en la economía nacional del 1,5377%. 

Me resulta sorprendente alguna cuestión para la que no he encontrado explicación plausible. Constato que España tiene una tasa de paro del 18,8% y que, entretanto, Francia (9,8%), Portugal (9,2%) y Grecia (9,2%) la tienen mucho más baja, a pesar de que el indicador del grado de rigor de la legislación que protege el empleo que utiliza la OCDE, es levemente inferior al nuestro en el caso de Francia y significativamente superior en el caso de Portugal y Grecia. Podría ser que todo obedeciera (resalto el condicional) a lo que viene siendo utilizado como chivo expiatorio de todas nuestras singularidades: el sector de la construcción en España. Efectivamente, con datos de 2006 Grecia empleaba en la construcción un 6,67% de la población ocupada, Portugal un 9,6%, Francia un 6,5% y España un 14,0%. Dicho de otro modo, con cinco millones menos de población total ocupada, España tenía empleada en la construcción 1.146.000 trabajadores más que Francia. ¿Podría ser la cuestión fiscal? Tampoco ahí hay respuesta: la cuña fiscal sobre el trabajo es del 33,8% en España, del 32,9% en Portugal, del 37,2% en Grecia y del 45,5% en Francia.

Me llama la atención que 100 personas del ámbito académico que publican en revistas propias de la profesión económica se hayan asomado a los diarios a proponer un contrato único que a la patronal le faltó tiempo para apadrinar. Yo pienso que la legislación que protege el empleo se justifica por dos razones. Una porque actúa como un seguro de rentas de los trabajadores frente a la incertidumbre del mercado de trabajo; y además garantiza el comportamiento social responsable de la empresa en caso de que la misma atraviese una mala coyuntura. En tercer lugar porque hay una opción política muy clara del Gobierno español. Zapatero ha repetido en numerosas ocasiones que no será su gobierno quien rebaje derechos de los trabajadores. Pero puesto que todo es opinable, ahí aparece Feito, experto económico de la CEOE, para asegurar que a quienes perjudica realmente el mantenimiento de la legislación protectora del empleo es a los trabajadores. Afirmaciones de ese calibre y significado llevan a pensar que los trabajadores y, sobremanera, sus representantes sindicales, no entienden bien cómo funciona el mercado de trabajo, lo que resulta un tanto extraño.

De otra parte, muchos columnistas, analistas y comentaristas apelan al modelo danés de la flexiguridad que consiste en flexibilizar la salida del puesto de trabajo y facilitar el regreso a otro empleo por la vía del reciclaje y manteniendo al trabajador en el desempleo en condiciones generosas. Me temo, por desgracia, que ese sistema no está a nuestro alcance. Sencillamente porque tenemos una presión fiscal (datos de 2007) del 37,9%, en tanto que la danesa es del 49,5%. En Dinamarca la gran mayoría de parados cobra un 90% de su salario previo, por un período máximo de cuatro años. En España, con dos o más hijos a cargo, el tope  de la prestación es de 1.234 euros por un máximo de dos años. Cosas de la presión fiscal…

Mis indagaciones han ido un poco más allá, a buscar esa evidencia científica que se inclina por la reforma que clamorosamente se reclama del Gobierno. Más allá de cifras y cifras, he encontrado una conclusión que considero equilibrada. Procede de una publicación de prestigio en este mundo de la economía del trabajo y es el producto de una completa investigación sobre mercados laborales en todo el mundo: “Los países europeos han tenido siempre unos mercados de trabajo muy regulados, incluso cuando el desempleo fue bajo. En particular tienen leyes que hacen el despido costoso para el empresario. Como hemos visto no hay una clara evidencia de que tales leyes reduzcan la contratación más de lo que reducen la extinción del contrato. Lo más probable es que reduzcan ambos de modo igual y dejen el stock de parados inalterable aunque aumentando su duración. Además, las leyes de protección del empleo refuerzan el poder de los que ya tienen empleo (insiders), lo que incrementa el poder de los sindicatos. Aunque argumentos de equidad pesan contra la total abolición de estos derechos”.

En el mercado de trabajo no han explotado burbujas. No es la causa de la crisis económica que padecemos actualmente y resulta poco fundado considerar que el actual marco regulador de la contratación laboral en España haya sido el que haya provocado el fuerte deterioro del empleo. Los problemas no se encuentran de manera inmediata en nuestro mercado de trabajo. No puede imputarse, pues, que la responsabilidad de las dificultades del empleo correspondan al mercado de trabajo, ni que éste haya intensificado el actual proceso de destrucción de empleo.

En suma, el problema no se sitúa en el coste del despido en estos instantes, ni su abaratamiento puede constituir una fórmula que pueda coadyuvar a superar la situación de dificultad que vivimos. No hay ningún elemento empírico que demuestre con solvencia que la situación comparativa diferencial entre unos y otros países en cuanto al comportamiento del empleo se origine en el distinto régimen de despido. Como tampoco está demostrado en modo alguno que los costes del despido influyan sobre el volumen medio de empleo a lo largo del ciclo económico. ¿Por qué entonces tanta obsesión?  Muy sencillo. Porque muchos creen llegado el momento de ganar esta batalla que se viene librando desde hace décadas. Pero la contienda no es académica, ni científica. Es meramente política. Es una cuestión que no se gana insistiendo en que los sindicatos son unos paniaguados y el presidente del Gobierno un pusilánime. Se trata de un juego de mayorías y minorías en el que conviene que cada cual enseñe sus cartas.