"Por la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias"

Asturias no puede, ni debe, quedarse atrás en el paso que han dado todas, repito, todas las comunidades autónomas de España. Las reformas de los estatutos de autonomía dibujan una nueva situación en nuestro país. Se ha producido una revisión del marco competencial, se han incorporado catálogos de derechos de los ciudadanos a los estatutos, se ha redefinido la organización de la Administración de Justicia y los instrumentos de la Administración Tributaria, se han incorporado criterios de participación de las comunidades autónomas en las inversiones del Estado y la presencia en instituciones del Estado. Se define el papel de los ayuntamientos en la distribución competencial y se anuncia una nueva relación entre competencias y financiación en el régimen local.

Todas estas cuestiones, y más, se incorporan o se reordenan en los estatutos reformados, que van siendo aprobados uno tras otro en los respectivos parlamentos autonómicos y trasladados a las Cortes Generales para finalizar el ciclo constitucional de las reformas. Asturias no puede quedar al margen.

El PP tiene que ser consciente de que se ha producido una importante novedad metodológica respecto a las experiencias de reforma estatutaria conocidas hasta ahora.

A diferencia del Estatuto de Cataluña, por poner un ejemplo de los aprobados por la vía establecida en el artículo 151 de la Constitución, y que es esta la primera vez que se reforma, Asturias conoció hasta ahora tres reformas estatutarias, a saber:

En 1991 se reformó para fijar la fecha del cuarto domingo de mayo como fecha para celebrar las elecciones autonómicas, sincronizada con el resto de las comunidades del artículo 143 CE.

En 1994 se modificó para incorporar las transferencias acordadas en un pacto de Estado entre las dos grandes fuerzas políticas.

En 1999 se produjo la equiparación competencial con las autonomías de vía rápida, dicho así en términos mundanos.

Todas estas reformas han tenido como característica común el venir precedidas de un acuerdo entre los grandes partidos nacionales (PSOE-PP) trasladado a sus respectivos grupos parlamentarios en los parlamentos autónomos, donde fueron aprobadas con gran disciplina política. Las objeciones de este método y las críticas sufridas por parte de quienes no lo comparten son conocidas, y recordamos la acusación de sucursalistas que se hacía a propósito de la disciplina con la que se ejecutaban los citados acuerdos.

La situación en este momento es distinta. Se ha aceptado que la iniciativa de reforma venga de la propia comunidad. Las circunstancias políticas han cambiado y la posibilidad de acuerdos «nacionales» que vinculen a los parlamentos autónomos con composiciones políticas diversas y distintas es difícil y, en algunos casos, imposible.

Lo que sí se ha dicho con claridad desde el PSOE por su secretario general y presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, es cuáles son los límites para la aceptación de las propuestas en el Congreso de los Diputados: que las mismas vengan precedidas de un fuerte y amplio acuerdo político en sus comunidades, que sean plenamente constitucionales y que, además, el resultado de las reformas dé lugar a un Estado funcionalmente viable. Esto, claro está, lo que garantiza el Congreso de los Diputados, que aprueba o desaprueba los proyectos de reforma.

Esta es la nueva situación que el PP no quiere reconocer: la iniciativa de reforma. Ahora depende exclusivamente de nosotros, de la voluntad política de los partidos representados en la Junta General, y no sólo porque para su aprobación se requiera una mayoría de 3/5, que supone 27 diputados, sólo alcanzable con el concurso del PP, sino porque, tratándose de la norma que regula el marco de convivencia política de los asturianos, no se entendería su reforma sin la participación del PP.

Ese es el comienzo. Lo siguiente tiene que ver con el contenido político del nuevo Estatuto de Autonomía reformado, donde se hablará de la definición de Asturias y sobre la cual la FSA-PSOE, a través de su secretario general, ha dicho con claridad que no estamos dispuestos a «someter a manipulación política los sentimientos de pertenencia o de amor a Asturias», pero también se verá la conveniencia de convertir en estatutarias las señas más características de nuestra política social, si ampliamos nuestro ámbito competencial incorporando, entre otras, la gestión de equipamientos o infraestructuras ferroviarias o aeroportuarias, la gestión de las cuencas hidrológicas que discurren íntegramente por territorio asturiano -o si ampliamos nuestra capacidad política en la posibilidad de convocar anticipadamente las elecciones autonómicas- y si revisamos nuestras instituciones de autogobierno, salvando la limitación actual del número de diputados, que es una discusión distinta de si aumentamos o no el número de los mismos. Y es también la ocasión para, en vez de estar pendientes de lo que hacen o dejan de hacer otras comunidades, establecer con claridad cuál es nuestra posición respecto a los criterios de participación en las inversiones del Estado.

La apuesta de Asturias debe ser enfatizar la solidaridad y la expresión de uno o varios criterios que nos favorezcan en función de nuestras características socioeconómicas, dada la dispersión y el envejecimiento de nuestra población, las dificultades orográficas o el estado de nuestras infraestructuras más importantes, que dependen muy intensamente de la solidaridad y de la sensibilidad del Gobierno de España.

Son estas cuestiones las que dependen del proceso de reforma estatutaria, y no sirve esconderse detrás un poco serio: «no interesa a nadie». Las consecuencias, que son las políticas que dependen de nuestro ámbito competencial, sí interesan. También está de más un «no hay tiempo» o «no se dan las condiciones». Hay tiempo y las condiciones las determinan las propias organizaciones políticas responsables, y no hay mejores condiciones que las que generan los que quieren, los que pueden y los que deben ponerse de acuerdo por el bien de Asturias. Y éstos son, en primer término, las fuerzas políticas representadas en la Junta General del Principado. Que así sea.