"Pero, ¿qué reformas queremos?"

Artículo publicado por Francisco Blanco en el diario El Comercio (10/02/2010)


Artículo publicado por Francisco Blanco, profesor de Economía Pública y miembro de la Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE, en el diario El Comercio (10/02/2010)

Pero, ¿qué reformas queremos?

Desde el inicio de la crisis económica internacional, el Gobierno ha ido aplicando recetas muy similares a las aplicadas en otros países desarrollados: aumento de las inversiones públicas, estímulos fiscales, apoyo al sistema bancario..., encaminadas principalmente a compensar la abrupta caída del consumo y la inversión privada y evitar así el colapso de la actividad económica. Paralelamente, se han preservado y ampliado los derechos y prestaciones sociales al aumentar, por ejemplo, la cobertura del subsidio de desempleo, lo que ha permitido que una gravísima crisis económica no degenerase también en una crisis social.

Sin embargo, estas medidas paliativas no se han visto acompañadas hasta ahora por otras reformas de mayor calado encaminadas a corregir los problemas y desequilibrios de la economía española, facilitando así la crítica a los partidos de la oposición deseosos de cosechar el inevitable desgaste que una crisis económica de esta envergadura ocasiona a todo gobierno.

Había, no obstante, algunas buenas razones para este retraso. En primer lugar, el Ejecutivo, respetuoso con el papel de los agentes sociales, trasladó a la mesa del dialogo social la discusión sobre el mercado de trabajo. Sólo meses después, ante las evidentes dificultades encontradas por empresarios y sindicatos para alcanzar un acuerdo, ha tenido que tomar la iniciativa y presentar sus propias propuestas en materia laboral. Además, el Gobierno optó también por retrasar algunas las medidas fiscales aprobadas el año pasado hasta bien entrado 2010 con el objeto declarado de no frenar la recuperación del consumo. Finalmente, sólo ahora, cuando la situación económica global comienza a estabilizarse, ha abierto un debate sobre el futuro de las pensiones que, sin ser urgente, es vital para garantizar el futuro de un sistema público como el que tenemos, basado en el modelo de reparto.
Es comprensible, a pesar de estas razones, la censura de quienes consideran que el Gobierno ha empleado demasiado tiempo o ha sido demasiado prudente. Es cierto que la gravedad de la situación económica, especialmente del desempleo, nos acucia a todos hasta el punto de hacernos pensar que podemos resolver en unos pocos meses problemas que llevan enquistados en la economía española bastante más de quince o veinte años. Lo que no resulta verosímil es que alguien sinceramente pensase que estás reformas no iban de ser dolorosas. Como tampoco se entiende que los agentes sociales y el resto de partidos políticos pretendan que sea el Gobierno en solitario, con la crítica de todos y sin la colaboración responsable de ninguno, quien presente a la opinión pública las medidas necesarias.

Porque, no nos engañemos, las únicas reformas posibles son aquellas que implican asumir que somos más pobres, que el espejismo del 'boom' inmobiliario y crediticio se acabó, y que por lo tanto para salir adelante, en un país como en una familia, tendremos que prepararnos mejor, trabajar más, pagar más impuestos, conformarnos con menos beneficios y recortar el gasto público. Sólo los ilusos o los demagogos tienen el arrojo para plantarse delante de los ciudadanos con otro tipo de propuestas.

Es evidente que el Gobierno no lo tiene fácil para salir a la opinión pública con semejante mensaje. Y mucho menos si el único objetivo de la oposición es preservar su propia imagen. Por eso resulta desolador contemplar la actitud de todos ellos cuando por fin se decide acometer las reformas necesarias. Ahora, como desde el comienzo de la crisis, la mayoría de la oposición sólo ve en esta iniciativa del Ejecutivo una nueva oportunidad para acrecentar su desgaste.