"Nuestras rentas en la edad provecta"

Artículo publicado por Javier Fernández en el diario El Comercio (07/02/2010)


 Artículo de Javier Fernández, secretario general de la FSA-PSOE, publicado en el diario El Comercio (07/02/2010)

Nuestras rentas en la edad provecta

Ni Bismarck ni Beveridge, precursores de los seguros sociales públicos, eran socialdemócratas. Sin embargo, la socialdemocracia europea siempre ha contribuido al desarrollo y consolidación de una figura de protección social que ha proporcionado un enorme beneficio a millones de trabajadores durante décadas. En España, los socialistas seguimos la tradición de nuestros homónimos europeos, que a partir de 1945 desarrollaron ese instrumento de aseguramiento con el consenso y connivencia de la democracia cristiana. De ahí viene nuestra insistencia en el Pacto de Toledo como marco político para la búsqueda de consenso en las reformas que se hacen necesarias para la preservación del sistema mismo en las décadas venideras.

El origen de la Seguridad Social en nuestro país es el R.D Ley del Retiro Obrero Obligatorio de 1919. Ya entonces, la edad de jubilación se estableció en 65 años, cuando la esperanza media de vida en España era de 41  y la esperanza media a los 65 años se cifraba en 10 . Para un sistema que siempre ha tratado de anclarse en bases técnicas, o, si se prefiere, actuariales, aquellos datos del pasado eran tranquilizadores. Los hechos, por fortuna, son hoy muy distintos aunque sea esta realidad la que aconseja un distinto modo de abordar idéntico problema al de hace un siglo: proporcionar un sistema de mantenimiento de rentas a las personas de edad.

Los momentos que vivimos, y los que se avecinan en el futuro, son, a mi modo de ver, los que siguen: 1) la esperanza media de vida de los españoles ha mejorado espectacularmente tanto al nacer como a los 65 años, alargando el período de percepción de la prestación 2) se ha consolidado en el mundo una tendencia inequívoca al abandono prematuro de la vida laboral, en todo caso siempre antes de la edad de jubilación legal.

Tales hechos, que circunscribo a dos, tienen la siguiente significación. En primer lugar (uso cifras del INE), la esperanza de vida al nacer de los españoles varones es hoy de 78,58 años y la de las españolas de 84,90 años, si bien a los 65 años esas cifras de esperanza han pasado a ser de 17,99 en los varones y de 22,32 en las mujeres; unas cifras que, si se proyectan hacia adelante, no dejan de crecer. En segundo lugar se encuentra el fenómeno de las prejubilaciones o jubilaciones anticipadas, que aquí en Asturias precisan una matización para excluir aquellas que se producen por razón de lo penoso de los empleos; mis datos se refieren a las que conllevan la aplicación de un coeficiente reductor de la pensión que fluctúa entre el 6 y el 8% de la misma y que en el año 2007 (último del que se dispone de datos completos) llevó a la jubilación a 96.040 trabajadores, lo que supone un 44,82% del total de altas de jubilación de ese año. En suma, la edad media de jubilación de ese ejercicio fue de 63,66 años.

Llegado a este punto, altero el orden para referirme a las jubilaciones anticipadas que proliferan tanto en España como en el resto de países industrializados y que han afectado a los sistemas de seguro social. Ese fenómeno no es otra cosa que la caída en picado de las tasas de empleo de los mayores de 55 años, que se ven obligados a buscar (voluntariamente o persuadidos por su empresa) una prestación que sustituya su salario anterior. Obviamente tendría poco sentido tratar de aumentar la edad legal de jubilación sin incrementar la edad normal, que es aquella a la que los trabajadores se jubilan en las condiciones presentes. Esto es: 63,66 años.

Como en tantas otras, en la sociedad española confluyen en estos momentos muchas demandas de reforma del sistema de pensiones. En el pasado esas demandas se inclinaban por un cambio sistémico que provenían sobre todo del mundo financiero y del académico, aunque en estos momentos esas pretensiones se han evaporado y se abre paso la recomendación de la reforma del sistema público de reparto (véase www.unespa.es). Todos esos informes que partían, por lo general, de los servicios de estudios de entidades financieras recomendaban la ampliación de la edad legal de jubilación al tiempo que sus entidades matrices se aplicaban con diligencia a la prejubilación de sus trabajadores mayores de 55 años, en la tan hispana actitud  de consejos vendo y para mí no tengo. Rechacemos por tanto toda política que ayude a la jubilación anticipada en sectores en los que lo penoso del trabajo no lo justifica y abracemos la que incentive el incremento de la tasa de empleo de los mayores de 55 años.

Esta propuesta que el Gobierno socialista lleva al Pacto de Toledo trata de afrontar un problema complejo; el beneficio para el sistema, a primera vista, es bien fácil de adivinar: se cotizan dos años más y se perciben prestaciones menos años. Ahora bien, ese argumento es un tanto simple. Para poder valorar en términos individuales la medida, y de ahí estimar el efecto macroeconómico sobre el sistema se precisa de otros datos que deben ser objeto de acuerdo (al igual que la edad legal de jubilación) en el Pacto de Toledo. Se precisa conocer sobre que periodo de cotización se realizará el cálculo de la base reguladora de la pensión, y saber si esas bases de cotización se indician con el IPC o algunas de ellas se computan en valor nominal (como ahora ocurre con los dos últimos años de los quince) y, por último, cómo se valoran cada uno de esos años cotizados en términos de porcentaje de la base reguladora.

No obstante, la primera consideración que exige la propuesta es la constatación de la enorme diversidad en la esperanza media de vida de la población y, más aún, en las posibilidades de mantener el puesto de trabajo a medida que los trabajadores envejecen, lo que socava las bases del sistema. Por eso, un sistema de Seguridad Social como el nuestro precisa reconocer estas diferencias y proporcionar a los trabajadores un abanico de edades a partir de las cuales pueden comenzar a ser pensionables.

Todo eso es necesario conocer para hacer una valoración cabal de los efectos, en el bien entendido de que la reforma no se limita a la ampliación de la edad de jubilación, una vez que la Comisión del Pacto de Toledo comience sus deliberaciones. La propuesta que ha hecho el Gobierno se contiene en un documento de 46 folios dirigido precisamente a esa Comisión (www.mtin.es) que no tiene forma ni de decreto, ni de orden, ni de nada que suene a administrativo. Es un documento para la discusión, sin más. Por eso resulta difícilmente comprensible que la primera crítica del PP haya sido que la decisión se tome sin hablar con nadie.  La explicación es sencilla. Para comenzar a hablar hace falta disponer de un documento en el que el Gobierno exprese sus puntos de vista que, obviamente, somete al debate con el resto de grupos parlamentarios.
En fin, si entramos más tarde al mercado de trabajo, salimos primero y vivimos más, garantizar un sistema público de reparto obliga a elegir entre subir las cotizaciones, bajar las percepciones o retrasar la edad de jubilación. Esta última parece la mejor solución siempre que se repare en que la palabra trabajo abarca realidades tan distintas que lo mismo designa actividades estimulantes intelectualmente, productivas económicamente y prestigiosas socialmente, que nombra tareas tediosas, rutinarias, mal remuneradas y nada consideradas, (cuando no penosas insalubres o peligrosas).La palabra trabajo no discrimina, la reforma  que pretende el Gobierno sí.