"Los socialistas buscaremos fórmulas de convenios entre comunidades y ayuntamientos para evitar el riesgo de funcionamiento de los servicios sociales municipales"

Luisa Carcedo anuncia que el grupo socialista en el Congreso presenta una PNL para que el Gobierno de Rajoy modifique la declaración de los servicios sociales como competencias impropias de los ayuntamientos


Luisa Carcedo ha subrayado el compromiso de los socialistas con los servicios sociales frente a la política del Gobierno de Rajoy, que considera "el gasto social como prescindible". Además de anunciar la presentación de una PNL en el Congreso por parte del grupo socialista "para devolver a las entidades locales las competencias en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social", la secretaria de Bienestar Social del PSOE ha avanzado que "buscaremos convenios, con las fórmulas administrativas o jurídicas necesarias, para que los servicios sociales municipales no tengan riesgo para su funcionamiento" una vez que, a finales de año, entre vigor la ley de reforma local, que considerará los gastos sociales como gastos impropios de los ayuntamientos.

El compromiso, que se plasmará en el programa electoral del PSOE, según Carcedo, se explicitó tanto en el programa marco municipal como en las conclusiones de la conferencia autonómica. "Proponemos que las comunidades autónomas y los ayuntamientos establezcan convenios o delegación de competencias, acoplando los presupuestos municipales a las competencias residuales que les restan, a través de las cuales pueden destinar algunos presupuestos que se complementen con los de las comunidades autónomas", una situación que, en el caso de Asturias, será "más fácil de llevar a cabo el reparto de esa distribución presupuestaria porque el Principado ya aporta el 47% del presupuesto para los servicios municipales, frente al 27% de media del resto de comunidades", lo que indica que "hay un problema muy serio para el mantenimiento de la red de servicios sociales de proximidad" motivado por el recorte de 3.500 millones de euros de ahorro en servicios sociales decidido por el Gobierno de Rajoy.

La secretaria de Bienestar Social ha reiterado que estas iniciativas de los socialistas buscan "despejar las incertidumbres de la gestión de los servicios sociales de cercanía, que deja al propio sector en una situación de indefinición y en riesgo, tanto para el funcionamiento de los servicios como para el futuro de los profesionales".

Dada la importancia de los servicios sociales en España, que atienden a 8,5 millones de personas, Carcedo justifica la PNL presentada "para que el Gobierno tramite un proyecto de ley modificando los artículos que declaran competencia impropia de los ayuntamientos la gestión de los servicios sociales y la supresión de la disposición transitoria que prevé la entrada en vigor de la reforma local el 31 de diciembre de este año". La idea, según la dirigente socialista, es "restituir" a la situación anterior y a la ley autonómica de 2005 de servicios sociales, "que dice que los servicios sociales de cercanía son de competencia y de gestión municipal".

Por otra parte, Carcedo comparó la apuesta del Gobierno del Principado por los servicios sociales con las políticas del Gobierno de Rajoy, Así, señaló que Asturias dedica un 1,77% del PIB a gastos sociales (a comienzos de legislatura era del 1,72%) frente al 1,4% en España, lo que confirma "la apuesta de Asturias por los servicios sociales".

Por su parte, Graciela Blanco, enfatizó la "apuesta inequívoca por los servicios sociales" del Gobierno del Principado. La consejera de Bienestar Social detalló actuaciones "para parar y minimizar los recortes" del Gobierno de España, al que acusó de "recortar, desde 2012, el 70% de la financiación del Plan Concertado" con los ayuntamientos.

Asimismo, denunció "la línea descendente" del Estado en dependencia frente al Principado, "que aporta seis veces más que el Gobierno de España", 23 millones frente a los más de 150 millones del Gobierno regional.

Más de 15.000 perceptores del salario social
La lista de espera en dependencia ha pasado, según la consejera, de las más de 5.000 solicitudes pendientes en junio de 2012 a poco más de 1.000 en la actualidad, con 650 solicitudes registradas el pasado febrero frente a las 384 en la misma fecha del año anterior.

Respecto al salario social, indicó que, a 31 de marzo, hay 15.339 perceptores en Asturias, una cifra que se ha duplicado a lo largo de esta legislatura, con una lista de espera de 1.773 personas frente a las más de 5.000 al inicio de la legislatura.

José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal para la dependencia y presidente de la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales de España, explicó el informe del estado social de la nación, presentado recientemente en el Congreso, que refleja, como conclusión, que "la crisis ha pasado y ha cambiado el modelo de sociedad, porque hay 14 millones de personas, el 30% de la población, que va a estar en una situación de pobreza durante mucho tiempo". Un panorama que se dibuja en España, "que es el país que más desigualdad ha producido en estos años de la crisis, con el 55,6% de la riqueza en manos del 10% de la población".

De la "quiebra del Estado de Bienestar", a su juicio, da idea "el recorte de 4.970 millones de euros en servicios sociales en tres años", así como "la demolición controlada de la ley de dependencia, con un recorte de 1.470 millones", además de denunciar "un quebranto de 33,7 millones en Asturias", ya que el Principado pone el 80% de los recursos y solo el 20% restante el Estado, pese a que a ley establece un reparto a partes iguales.

Además, ha advertido de que "los servicios sociales de proximidad están amenazados" por el recorte de 3.500 millones de euros en los servicios sociales municipales. El informe del estado social de la región constata, según Ramírez, que los ayuntamientos que hacen un mayor esfuerzo presupuestario en servicios sociales son Langreo, Castrillón y Avilés y, los que menos, Siero, Oviedo y Mieres.