"Los recursos contra el impuesto a la banca y la liberalización de horarios comerciales son el único camino posible cuando la imposición, la arbitrariedad y la deslealtad cierran otras vías"

Guillermo Martínez asegura que el Gobierno del Principado "no renunciará a defender los intereses de Asturias en los tribunales"



El Gobierno del Principado ya ha encargado los estudios jurídicos previos a la presentación de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el nuevo impuesto estatal a los depósitos bancarios y contra el decreto de liberalización de horarios comerciales en Oviedo y Gijón. Dos decisiones del Gobierno de España, a juicio del consejero de Presidencia, que "son perjudiciales para los intereses de Asturias" porque suponen una merma en la recaudación prevista en el Principado. "La presentación de estos recursos no nos agrada porque judicializar la relación entre administraciones no es el camino adecuado pero es el único posible cuando la imposición, la arbitrariedad y la deslealtad cierran otras vías y no renunciaremos a defender los intereses de Asturias en los tribunales", ha argumentado Guillermo Martínez.

Con la aplicación del tipo del 0,03% a los depósitos bancarios, Martínez ha recordado que "llueve sobre mojado" porque se suma al anterior intento del Gobierno de Rajoy de aplicar un impuesto estatal de tipo cero "sin ninguna voluntad recaudatoria y con el único objetivo de expropiar esa potestad tributaria a las comunidades autónomas". Tras un primer recurso ante el TC, Martínez detalla que ahora se prepara la presentación de otro recurso ante "una decisión del Gobierno central de la que nada se sabía en las comunidades autónomas y con la que demuestra, una vez más, sus niveles de mala fe y de deslealtad institucional". Para el consejero, la iniciativa de establecer de nuevo un tipo "marginal y testimonial" sobre los depósitos de las entidades de crédito sólo pretende "seguir entorpeciendo la andadura de los tributos autonómicos vigentes, plenamente aplicables, como así lo ha decidido el Tribunal Constitucional".

Ante esta situación, el Principado ha pedido un dictamen al Consejo Consultivo sobre los informes jurídicos previos a la presentación de los recursos "porque puede reducir la autonomía financiera y también por la forma desleal del Gobierno de España, que demuestra que no merece la confianza que solicita a otras administraciones".

Respecto a la liberalización de horarios comerciales, Martínez ha recordado que la Consejería de Econonía ya ha solicitado un informe a los servicios jurídicos porque el decreto ley aprobado por el Gobierno de Rajoy "puede invadir las competencia autonómicas en materia de comercio".

En la mesa de comercio de la concertación, según el consejero, los sindicatos y los empresarios han mostrado su coincidencia con el Gobierno de Javier Fernández en que "no hay razones que justifiquen la premura del Gobierno de España". Además, el Principado, en su voluntad de ir de la mano con los gobiernos municipales de Oviedo y Gijón en un asunto "que no contenta a nadie", ha anunciado que el consejero de Economía mantendrá una reunión con los alcaldes de las dos ciudades una vez que esté listo el informe jurídico encargado para argumentar el recurso contra la liberalización de horarios, una decisión del Gobierno central que se considera "arbitraria".