Las razones de un recurso para defender la costa

La ley de Costas es una reforma socialmente injusta, ambientalmente regresiva, jurídicamente insegura, urbanísticamente permisiva, institucionalmente descoordinada y económicamente temeraria



"Los bienes que comúnmente pertenecen a todas
las criaturas que viven en este mundo son las siguientes:
el aire, el agua de lluvia, el mar y su ribera.
No se puede edificar en su ribera de modo que
se embargue el uso comunal de la gente"
Partidas de Alfonso X EL Sabio, sigo XXII

Clarividente definición de sostenibilidad enunciada hace nueve siglos. Un largo recorrido que la Constitución Española de 1978 renueva, concretando expresamente y sin excepciones ni matices el deber de preservar al dominio público marítimo-terrestre como espacio público:

"Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley
y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial
y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental".
Artículo 132 de la Constitución Española de 1978

El desarrollo de este mandato constitucional es el fundamento de la Ley de Costas aprobada en 1988. Contra el texto inicial de la Ley fueron interpuestos recursos ante el Tribunal Constitucional (en adelante TC), ocasión para pronunciarse sobre sus aspectos más controvertidos. La sentencia fue incorporada al contenido de la ley y sus prescripciones aplicadas hasta la actual reforma llevada a cabo a través de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral (2/3013).

Uno de los cambios sustanciales, por la trascendencia que tuvo y sigue teniendo, es la competencia sobre la zona de servidumbre de protección del dominio público, que por tratarse de materia de ordenación del territorio, considera el Tribunal Constitucional que debe ser competencia de las comunidades autónomas. Esta división en la responsabilidad de ordenación entre el dominio público y la servidumbre de protección está en el origen del diferente estado de conservación del litoral dependiendo de las normativas desarrollada por las comunidades para la protección y alcance de la zona de servidumbre. Cabe recordar aquí que Asturias tiene la costa mejor conservada de España es fruto de la regulación recogida en las Directrices Subregionales de la Franja Costera de 1994 y también de haber acordado con el Ministerio competente en costas un convenio de colaboración para lograr la gestión integrada en consonancia con la Carta Europea del Litoral. Por consiguiente, la modificación actual lo es sobre unos preceptos redactados tras la sentencia del propio TC.

Sin embargo, a lo largo de los más de 30 años de vigencia de la Ley han aparecido nuevas circunstancias que afectan de forma trascendental a la realidad costera. Por una parte, la intensa ocupación de amplias zonas a lo largo de la costa española fruto de la fuerte incidencia de la burbuja inmobiliaria y la especulación del suelo litoral. Por otra, las conclusiones del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) sobre los efectos del cambio climático. Ambos hechos aconsejarían una modificación de la Ley 22/1988, pero en la dirección diametralmente opuesta a la recientemente promovida por el Partido Popular y objeto de recurso ante el TC.

Estos hechos aconsejan que se hubieran abordado cambios en la legislación sobre la costa española orientados a impedir la reedición de la burbuja inmobiliaria sobre el suelo litoral y a prevenir los efectos de la subida del nivel del mar con la consiguiente retirada de la línea de intersección marítimo terrestre, a mitigar su impacto y prever las correcciones y adaptaciones necesarias.

Precisamente el atractivo costero conlleva una intensa ocupación del suelo litoral, que genera desequilibrios territoriales, de forma que los municipios costeros suponen el 7% del territorio español y concentran el 44% de la población. Además, se ubican en esta zona importantes actividades económicas: existen 46 puertos de interés general con un papel trascendental en el comercio exterior, astilleros, pesca extractiva y acuicultura, además del turismo, que necesitan importantes y costosas infraestructuras y equipamientos para su normal desenvolvimiento. De modo que es preciso conocer el alcance de los impactos del cambio climático para poder así diseñar la prevención y adaptación a los previsibles cambios. Sin embargo, ninguna de estas evidencias ha sido tenida en cuenta en esta reforma. Evidencias sobradamente estudiadas por la comunidad científica, que ni siquiera ha sido consultada.

A pesar del mandato constitucional de conservar para el dominio público los ámbitos expresamente citados, la nueva ley excluye 12 municipios, la isla de Formentera completa, zonas de inundación artificial, urbanizaciones marítimo-terrestre, las dunas, con lo que rompe de forma arbitraria la integridad del dominio público, limita su protección y posibilita usos particulares. Con el agravante de establecer regulaciones urbanísticas que competen a las comunidades autónomas.

La nueva ley prorroga las concesiones en dominio público por 75 años a sumar a los 30 concedidos por la ley de 1988, periodo el de 30 años que el TC había considerado proporcional y adecuado para la extinción del derecho. Además, permite la transmisión entre vivos y por fallecimiento (venderlos y heredarlos), lo que supone una desigualdad en el acceso a bienes públicos para los ciudadanos.
Asimismo, reduce en algunos ámbitos, no definidos, la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros, lo que introduce nuevas incertidumbres y riesgo de conflictividad consiguiente. La justificación para esta mediada es solucionar la supuesta inseguridad jurídica. Hay que recordar que el 95 % (en Asturias, el 98%) del deslinde se encuentra ya resuelto. En los casos de conflicto judicial, la resolución mayoritaria (95%) ha dado la razón a la administración costera. Y todo este camino recorrido puede ser objeto de amenaza de revisión y fuente potencial de múltiples conflictos.

Además, estas modificaciones se impulsaron sin el debido consenso con las comunidades autónomas costeras, lo que dificulta la gestión integrada de la costa antes citada. Pero lo más clamoroso es la ausencia de informes técnicos que justifiquen estas decisiones tan drásticas y agresivas con los bienes públicos y que no se hayan tenido en cuenta las contundentes conclusiones de la comunidad científica sobre la dinámica litoral, los impactos de las actuaciones y las previsiones del cambio climático. Son, por tanto, decisiones absolutamente arbitrarias expresamente prohibidas en el artículo 9.3 de la Constitución.

Estamos, en definitiva, ante una reforma socialmente injusta, ambientalmente regresiva, jurídicamente insegura, urbanísticamente permisiva, institucionalmente descoordinada y, sobre todo, económicamente temeraria, ante la falta de previsiones del impacto sobre el enorme patrimonio de infraestructuras y equipamientos costeros.

El título de la ley de protección y uso sostenible es, sencillamente, un sarcasmo. Y cabe preguntarse si con la quiebra de los principios constitucionales (art. 132.1) de inalienabilidad, impresciptibilidad e inembargabilidad sobre el dominio público se abre una nueva tendencia de presión de usos y degradación del litoral. Tras los nueve siglos transcurridos desde Las Partidas bajo este criterio, ¿hasta cuándo aguantará el dominio público marítimo-terrestre tal como lo conocemos hoy?


María Luisa Carcedo
Diputada nacional del PSOE por Asturias