"La reforma local y el anteproyecto de ley de planta y demarcación judicial son una cruzada recentralizadora del Gobierno de Rajoy"

Guillermo Martínez muestra el rechazo del Ejecutivo asturiano a estas dos iniciativas legislativas promovidas por el Ejecutivo del PP



La reforma local y el anteproyecto de ley de planta y demarcación judicial que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy suscitan el más absoluto rechazo del Gobierno asturiano porque forman parte de "una estrategia ideológica y suponen una cruzada recentralizadora que ha emprendido el Gobierno de España".

El consejero de Presidencia critica la posición del PP en la tramitación de la reforma local en el Senado con la que, según Guillermo Martínez, se "da un duro golpe porque es una contrarreforma más de las emprendidas por el Gobierno de Rajoy que pone en peligro la prestación de servicios básicos de los ayuntamientos". Además, "no resuelve el problema de la financiación de los ayuntamientos y carga a las comunidades autónomas, sobre todo a las uniprovinciales que no tenemos Diputación, asumiendo servicios de 71 concejos asturianos sin que no se nos haya anunciado que recibiremos financiación" critica Martínez.

Para el consejero de Presidencia, está reforma es más grave si cabe porque se suma a otras medidas que "suponen una invasión de competencias para imponer su política y una salida distinta a la crisis".

Respecto al anteproyecto de ley de planta y demarcación judicial, el titular de Presidencia critica los 18 proyectos de reforma presentados por el Ministerio de Justicia "ras no haber sido convocados en 18 meses, lo que revela cuál es el diálogo por el que apuesta el Gobierno de España"

El citado anteproyecto supondrá, según Martínez, que 18 partidos judiciales en Asturias "quedarían en el aire y desaparecerían" (se concentrarían en Oviedo), a la vez que se suprimirían los juzgados de paz, una "decisión con una ideología centralista que perjudica a la Asturias rural y afectaría a los 227.030 asturianos a los que ahora dan servicio". Además, denuncia que esta iniciativa "puede suponer el desmantelamiento de las parroquias rurales".

Asimismo, el Gobierno asturiano, por boca del consejero de Presidencia, ha mostrado su rechazo por la decisión del Gobierno central "de no comprometerse" y no vincular, "como había anunciado", la recaudación de las tasas judiciales (313 millones en toda España) con una mejora de la financiación de la asistencia jurídica gratuita, que en Asturias supone un desembolso de unos 5,1 millones de euros. Una decisión que, a juicio de Martínez, confirma la práctica de que "legisla el Estado y pagamos las comunidades autónomas".