"La reforma de ley de minas, con la aplicación de impuestos, podría ser la puntilla para el sector"

Jesús Gutiérrez critica el "trato" del Gobierno del PP a la minería porque "sus decisiones, desde 2012, han tendido siempre a aniquilar el sector"


El anteproyecto de la nueva ley de minas que ha presentado el Gobierno de España ha merecido las críticas de la Federación Socialista Asturiana, una opinión que compartieron tanto el director general de Minería del Principado como los sindicatos mineros durante la reunión celebrada en la sede socialista. Jesús Gutiérrez ha alertado del "riesgo" de la modificación de esta normativa porque, "con la que está cayendo en la minería, si introducimos criterios como la aplicación de impuestos podría significar la puntilla del sector".

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, además de censurar que el Ejecutivo de Rayoy pretenda aprobar a toda prisa y "a la trágala" la nueva ley de minas, critica que "se inventen un impuesto que castiga el muy estrecho margen de rentabilidad en la minería", Un hecho que se suma a la incertidumbre sobre la quema de carbón nacional a partir del 1 de enero de 2015 por lo que, "con todos estos pasos que ha dado, el Gobierno de España pretende derribar un sector que sigue teniendo futuro".

"El problema del Gobierno del PP con el sector minero en general, y con el hullero en particular, es que cualquier decisión que ha tomado desde 2012 ha tendido siempre a aniquilar el sector minero", ha denunciado el dirigente socialista, molesto por "el trato" al sector minero y porque "el Gobierno, cuando habla de minería, nunca es para nada bueno".

Respecto a la ley de minas, Gutiérrez se ha quejado de que el Ejecutivo de Rajoy no esté contando con los sindicatos para consensuar una ley de minas que "no había urgencia en actualizar" al tiempo que lamenta que el PP de Asturias "de la callada por respuesta y secunde las posiciones mineras de Rajoy".

Por su parte, el director general de Minería del Principado ha criticado la urgencia del Gobierno en presentar el anteproyecto de ley de minas para su tramitación parlamentaria antes de final de año cuando la primera reunión con las comunidades autónomas para presentar el borrador se celebró el pasado 19 de noviembre. Además, Isaac Pola cree que, "aunque la actual ley es preconstitucional, (se aprobó en 1973), ha funcionado correctamente".

"No compartimos la nueva clasificación de los recursos y el nuevo impuesto sobre el valor de la producción", denunció Pola, "porque no son coherentes con las iniciativas de las comunidades autónomas y de la UE, que ha dicho que se debe facilitar el acceso racional a los recursos minerales, mientras que el borrador de la ley no ordena la tramitación administrativa de la competencia minera con la competencia ambiental y urbanística, lo que pude tener consecuencias no favorables para la minería del carbón".

En el borrador se contempla un impuesto sobre el valor de la producción, análogo al previsto para la ley de hidrocarburos, del 1% sobre las explotaciones mineras sometidas al régimen de autorización y del 2% a las explotaciones mineras sometidas al régimen de concesión. Un impuesto adicional, según Pola, "que parece coherente que vaya de la mano del régimen fiscal de la minería".

José Luis Villares, responsable estatal de minería de CCOO, ha criticado el trámite para reformar la ley de minas porque "se ha hecho de forma precipitada y catastrófica y pone dificultades para la explotación de los recursos mineros". Además de quejarse por "incrementar la fiscalidad sobre las explotaciones mineras, que las hace inviables", considera "negativa" la incidencia de la nueva ley en materia de seguridad minera.

Finalmente, Víctor Fernández, molesto porque "no hay trámite de audiencia a los sindicatos", ha tildado el borrador de la ley como "un despropósito porque no hace alusión al estatuto minero ni al reglamento de normas básicas de seguridad minera y no ordena el acceso a los recursos minerales, que es una prioridad para la UE".