"La política social es una prioridad para el Gobierno de Asturias, que cumple su compromiso con la puesta en marcha de la Agenda Social"

Esther Díaz destaca que la agenda contempla medidas para "dar respuesta a los nuevos riegos sociales y las emergencias" que han surgido con la crisis económica


Guillermo Martínez ha calificado de "muy importante" la Agenda Social, presentada ayer por la consejera de Bienestar Social al Consejo de Gobierno, por cuanto supone "un impulso para el desarrollo de las políticas sociales" en el Principado. El consejero de Presidencia puso énfasis en que la política social "es una prioridad" del Gobierno socialista de Javier Fernández que, en una situación de recesión económica, "ha apostado por decisiones políticas que permitieran blindar nuestro Estado del Bienestar". Un modelo, según Martínez, "diametralmente opuesto al del Gobierno de España, que se ha dedicado a recortar y ha seguido una vía diferente" a la del Principado con su apuesta por la política social "y que ha cumplido su compromiso con la puesta en marcha de la Agenda Social".

Esther Díaz destacó en la presentación de la Agenda Social que se trata de un documento que "coordina y rentabiliza los recursos para asentar la cohesión social" en Asturias. En la elaboración de la agenda, en la que han colaborado todas las consejerías, Díaz ha puntualizado que "se dedica principalmente a los servicios públicos del bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales".

En la Agenda Social, explicó la consejera, se hace un diagnóstico de la situación de los servicios públicos en Asturias y se establecen unas conclusiones "que lleven al fortalecimiento de los pilares fundamentales del bienestar para garantizar la cohesión social". Se trata, según Díaz, de "dar respuesta a los nuevos riegos sociales y las emergencias que surgen como consecuencia de la crisis económica".

En el combate contra la pobreza y la desigualdad, la consejera de Bienestar Social hizo notar que el Gobierno de España ha hecho una gestión de la crisis "basada en la austeridad que ha supuesto recortes y una reducción importante de seis puntos en el gasto público, además de focalizar esos ajustes en las políticas de bienestar, lo que está disparando la desigualdad y la pobreza en España".

Entre las medidas que se recogen en la Agenda Social para "paliar los efectos perniciosos de las crisis sobre las personas", la titular de Bienestar Social ha explicado que, dentro del marco de las competencia del Gobierno de Asturias y de su capacidad financiera, "se destinarán los máximos recursos posibles para combatir la pobreza y la exclusión social". Aún sin poder concretar los recursos a destinar, Díaz ha indicado que "se mantendrá el altísimo grado de compromiso" con la inversión social, que ascendió al 67% en el Presupuesto de 2013.

Planteada con el objetivo de ser una estrategia de acción de Gobierno para apostar por los servicios públicos, por su equidad, calidad y proximidad a los ciudadanos, la Agenda Social de Asturias se divide en tres partes: cohesión social, nuevos riesgos sociales y situaciones de emergencia social.

En el análisis de la situación social en el Principado, la Agenda concluye que entre los grupos de población que sufren riesgos sociales de pobreza se encuentran los menores de 24 años, afectados por el desempleo, como los mayores de 50 que son parados de larga duración, las mujeres, "en situación preocupante porque tienen una tasa de actividad 11 puntos por debajo de los hombres", así como el colectivo de personas con discapacidad.

La consejera de Bienestar Social, que ha reiterado el compromiso de atención sanitaria sin exclusiones para todos los residentes en Asturias, preservar la igualdad de oportunidades en la educación y unos servicios sociales preocupados en evitar la exclusión social, comparecerá en la Junta General para explicar el contenido de la Agenda Social. Al mismo tiempo, ha anunciado que en las próximas semanas se constituirá la mesa de la lucha contra la exclusión social y la pobreza, sin olvidar llegar al objetivo de tramitación del salario social en un periodo de tres meses.