"La estrategia de la araña"

Artículo de Javier Fernández, secretario general de la FSA-PSOE


Artículo de Javier Fernández, secretario general de la FSA-PSOE, publicado en el periódico La Nueva España.

La estrategia de la araña

En muchas ocasiones, la estrategia de oposición del PP conduce al desconcierto de quienes les escuchan con el ánimo dispuesto a seguirles, y de aquellos que esperamos conocer sus posiciones para estimarlas o combatirlas. No se trata, por otra parte, de errores que provengan de las comprensibles contradicciones menores en las que incurren quienes a diario se exponen como portavoces a los requerimientos de los medios de comunicación. No se trata de eso. Tiene que ver con propuestas que, se supone, han debido de someterse a un elemental proceso de reflexión y debate interno.

En el caso Gürtel ese modo de proceder llegó a su máxima expresión. Por un lado aprueban a toda prisa un Código Ético interno y se olvidan de aplicárselo a los principales imputados en el asunto. Pero como en la versión madrileña del caso aparece el espionaje de sus propios militantes, y, puesto que nada hay mejor para una cuña que otra de la misma madera, deciden acusar al Gobierno de espionaje con el programa SITEL, un artefacto informático que había comprado Mariano Rajoy en su etapa como responsable de Interior. ¡Ojo! No lo compraron para usarlo. Entonces, ¿tiene sentido preguntar si no es malversación gastar caudales públicos en un artilugio que no se piensa utilizar?

Ahora que todo parece indicar que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut  está próxima, no seré yo quien me sume a la legión de quienes opinan sobre lo que está todavía por conocerse. Pero lo que sí me pregunto es qué ocurriría si se declarasen inconstitucionales artículos que el PP primero recurrió en el Estatuto de Cataluña, posteriormente los incluyó en el Estatuto de Valencia y luego apoyó en el de Andalucía. Ese considerable lío es la aportación de la derecha española a la configuración autonómica de nuestro país.

Mucho más recientemente, el líder de la derecha sorprendió con la petición de reforma de la Ley de Extranjería para hacer frente al problema planteado en Vic. Es increíble su reacción, porque esa norma que obliga al empadronamiento de todos los inmigrantes lleva su firma. Rajoy, a la sazón Ministro de Administraciones Públicas, dictó una resolución el 4 de julio de 1997 que obligaba a todos los ayuntamientos a empadronar a los sin papeles. Parece lógico, y sobre todo justo, que esas personas que residen aquí se beneficien del derecho a la sanidad y a la educación. Cosa que resulta imposible en el caso de no estar empadronados. Pero ¿qué es lo que pretende Rajoy ahora? Haría bien en decírnoslo.

Por más que lo anterior sean piezas importantes de una estrategia, lo más notorio por repetitivo es el juego que los populares se traen con la cuestión de la reforma laboral. Desde mi punto de vista esta es una cuestión de importancia relevante. Afecta a derechos que se han consolidado desde el Estatuto de los Trabajadores del año 1980 y no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de las presiones que desde ámbitos diversos (políticos, mediáticos, académicos, empresariales) existen para modificar el artículo 56 de ese Estatuto.


Creímos todos cuantos seguimos con atención los pasos del líder popular que sus recientes entrevistas en una cadena de radio y un medio escrito nacional en los que, al fin, detalló que la afirmación de que con el PP en el Gobierno no habría crisis del empleo, se sustentaba en su voluntad de crear un nuevo contrato laboral. Se trata sencillamente, sostiene Rajoy, de acercar la brecha que existe en el coste de despido o extinción del contrato entre los temporales y los indefinidos, que se cifra en 8 días frente a 45 días por año de servicio, con un límite de 42 mensualidades en el segundo caso. Él habló de una indemnización de 20 días, en línea con la propuesta de CEOE. Lo sorprendente no se hizo esperar y a las pocas horas su portavoz parlamentaria anunció que esa propuesta no la llevarían al parlamento porque no quieren  darle bazas al Gobierno en esta materia.

Den bazas o no a sus adversarios políticos, por su trayectoria, el PP es el partido del despido barato. Hay datos suficientes para corroborar esa afirmación. Comenzando en el año 1997 con su Ley 63/1997 que creó el contrato de fomento de la contratación indefinida, que redujo de 45 a 33 días y de 42 a 24 mensualidades de tope las indemnizaciones por la extinción del contrato. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Se redujo la temporalidad en el empleo? En absoluto. Siguió estancada en el 33% de los contratos. Lo que sin duda redujo fue el coste de despido de muchos trabajadores, exactamente de 45 a 33 días por año de servicio (en estos momentos la tasa de temporalidad se ha reducido de modo importante debido a la mayor incidencia del desempleo en la ocupación temporal). Años más tarde por Ley 45/2002 el Gobierno popular acabó con una importante institución del mercado de trabajo: los salarios de tramitación. Ello condujo, obviamente, al abaratamiento del despido.

Merece la pena una reflexión sobre la cuestión del empleo, al menos la que permite la limitación de estas páginas. Ocurre que cuando la coyuntura económica era favorable el empleo crece a tasas muy elevadas, las más elevadas de Europa. Así ocurrió en las dos fases alcistas (1988-1991 y 1996-2007) en las que no operaron negativamente las condiciones legales del mercado de trabajo. Y a la inversa, cuando a las fases alcistas suceden las recesivas, el desempleo alcanza tasas desconocidas en Europa. En estas circunstancias, claro está, reverdecen las presiones para un cambio del artículo 56 del Estatuto.


En estas mismas páginas yo escribí que a pesar de que su legislación no es más flexible que la española, países como Francia, Grecia y Portugal exhibían en estos momentos tasas de desempleo mucho más reducidas que las nuestras. Todo ello me lleva a pensar que nuestro problema no se encuentra, en absoluto, en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, sino en la muy peculiar estructura productiva de nuestra economía.


De todos modos creo que esa estrategia de oposición, por más incoherente que resulte, tiene la pretensión de la desorientación. Ciertamente que sin llegar al nivel de sus correligionarios asturianos, insuperables en este aspecto, como bien acreditan sus posiciones en asuntos trascendentes para la región como la línea de evacuación eléctrica Lada-Velilla, el tratamiento de los  residuos, la planta de regasificación de El Musel o la expansión de Cajastur (recuerden que una senadora asturiana intervino en el pleno de la Cámara descalificando la operación con Caja Castilla la Mancha).


Pero, volviendo a la dimensión nacional. Tal como presentan sus alternativas y propuestas, tal y como las justifican, resulta complicado saber si Rajoy gobernó algún día. En ocasiones parece que no y en otras no se olvida que fue responsable de Administraciones Públicas, de Interior, de Educación y de Presidencia. Luego, si escuchas sus palabras afirmando que éste es el peor gobierno de la historia democrática de España, sembradas, además, de juicios despectivos de Zapatero como persona, y te viene a la memoria que precisamente él, Mariano Rajoy Brey, es el político peor valorado de este país, te explicas en qué consiste su estrategia.