Informe político de la Ejecutiva al Comité Autonómico


Informe político de la Comisión Ejecutiva al Comité Autonómico
26 junio 2010

Las personas afectadas por el devastador temporal de lluvias sufrido días atrás merecen la primera referencia de este informe de la Comisión Ejecutiva Autonómica. Por el irreparable balance en vidas humanas, con dos personas fallecidas. También por las importantes pérdidas materiales, en algunos casos de una magnitud que pone en riesgo la actividad económica que sustenta a muchas familias en Asturias, ya sea a través de pequeños negocios familiares o de empresas.

Colaborar con los afectados en la recuperación de la normalidad, reparando infraestructuras, ayudando a los que han visto cómo las lluvias arrasaban sus casas o sus negocios, ha de ser ahora la respuesta de las administraciones, superada la fase de atención de las emergencias, y para ello, tanto el Gobierno de España como el de Asturias han anunciado ya líneas de ayuda.

Centrándonos ya en la situación política y económica, en los últimos meses hemos vivido circunstancias un tanto extrañas en la economía mundial. Las agencias de ratings volvían a enseñorearse de los mercados financieros mundiales, y sus informes a poner en jaque a los Estados por su incidencia en la deuda pública. Es curioso este asunto de las agencias de calificación de solvencia que, por cierto, pagan los emisores de pasivos.

En estos días podemos comprobar que la información determinante del precio en los mercados es la que difunden estas agencias y no la que poseen los operadores individuales . Todos sabíamos que la regulación por parte de los poderes públicos de los mercados financieros era necesaria e imprescindible, necesaria no solo en los mercados, sino también en la agencia a la que se le pasó por alto la calificación como basura pútrida de Lehman Brothers.

Llama la atención la indiferencia aparente, por no decir perniciosidad, con la que las instituciones mundiales han abordado este problema. En realidad el acuerdo alcanzado en Bruselas el 9 de mayo para la creación de un Fondo de Ayuda de 750.000 millones de euros no es una decisión regulatoria sino completamente defensiva. Entre tanto los efectos de las prácticas especuladoras en los mercados se ha extendido a la economía real con sus secuelas de déficit, deuda y desempleo.

En este contexto, el Gobierno español ha tomado decisiones de recorte de gasto que han afectado al clima político.

Las reacciones de los afectados (salarios públicos y pensiones) son en buena medida comprensibles tanto por razones absolutas como relativas. Absolutas porque es difícil convencer a alguien de que el problema se resuelva reduciéndole el sueldo; relativas porque la reducción lleva inevitablemente a la consideración de la medida en la que otras personas contribuyan a la solución, en particular quienes disponen de  las rentas más elevadas. Es por esa razón que la FSA-PSOE se ha mostrado partidaria de procurar un incremento impositivo para quienes cuentan con más renta o riqueza.

No obstante, lo más llamativo de los acontecimientos vividos ha sido la actitud discursiva de la derecha. Descontada su renuncia a participar en cualquier compromiso que conlleve la verdadera revelación de sus opciones programáticas, no se han movido de su actitud negativa. Han caído, sin embargo, en boca de Rajoy, en algunas contradicciones evidentes. En el debate de presentación de las medidas de recorte de gasto, el líder popular reprochó al Presidente del Gobierno que hubiera aceptado como imposición europea lo que algunos días antes él había propuesto ¿por qué las rechaza si él las propuso?

Es sorprendente que esta derecha española, tan pugnaz como pocas, siga afirmando con lo que, con flagrante desprecio de la verdad, dice su icono político en la presentación del festejo de Sevilla, conmemorativo de su acceso al poder en el PP. Allí el señor Aznar afirmó que el Gobierno socialista insistía en "políticas alérgicas a la economía de mercado y adictas al gasto público y los altos impuestos"

Llama la atención que una persona que ha ocupado la más alta responsabilidad de este país menosprecie datos y cifras y mueva su intelecto exclusivamente por la ideología y el rencor. Porque no es verdad que los socialistas hayamos disparado el gasto público más que cuando fue socialmente inexcusable hacerlo, que fue en los momentos de mayor intensidad de la crisis. Y la adicción a los altos impuestos  desconoce u oculta deliberadamente,  las cifras de la OCDE o de Eurostat, (por no citar las oficiales del Ministerio de Economía a las que seguramente considerará sesgadas y sectarias).

A nuestro modo de ver, el problema de toda esta gente es que ignora el contexto y la coyuntura económica en la que tuvieron la responsabilidad de Gobierno de este país. Una aclaración no viene mal porque contribuye a evaporar ensoñaciones. España entró en recesión en 1993, cuando en los dos últimos trimestres la Contabilidad Nacional reflejó crecimientos negativos del PIB. El revés económico, aquí y en todo el orbe, se originó en el escándalo de las Savings & Loans (una especie de cajas de ahorro a la americana) y se acentuó con la segunda guerra en el Golfo pérsico. En nuestro caso salimos de la recesión en 1994 cuando la economía española comenzó a registrar trimestres con crecimiento positivo, fenómeno que continuó en 1995 cuando ya se había iniciado el mayor ciclo de crecimiento que Europa vivió en décadas y que se extendió, con un ligero tropiezo en 2001 hasta los meses finales de 2007.

Tanto los gobiernos populares (1996-2004), como los gobiernos socialistas (desde 2004) se beneficiaron del ciclo económico expansivo hasta que reventó la burbuja inmobiliaria que dio paso a la crisis financiera global. Por tanto sus ensoñaciones si con algo tienen que ver es con el ciclo que a nivel mundial se vivió a partir de 1994. En suma, su sinfonía heroica se queda simple y llanamente en mera sinfonía cíclica.

¿Merece la pena discutir sobre el grado en el que cada cual contribuyó a intensificar la presión del aire que hizo explotar la burbuja? No en estos momentos, porque tiempo vendrá en el futuro inmediato en el que se dará la ocasión. A pesar de ello, es necesario llamar la atención sobre dos factores que jugaron un papel importante en lo singular de nuestra burbuja. De un lado están los tipos de interés que practicó el BCE (que en el caso español en razón de la inflación se tornaron en tipos reales negativos) y, desde luego, en el efecto de la Ley 6/1998 sobre régimen del suelo y valoraciones.

La derecha española tuvo la fortuna de gobernar en democracia en un marco cíclico expansivo, cuando era posible disfrutar de períodos de crecimiento del PIB y del empleo en tasas muy por encima de las de nuestros socios europeos. ¿Tiene eso explicación? Claro que la tiene: lo que los economistas llaman convergencia beta, que prescribe que crecen más deprisa los que se encuentran relativamente rezagados.

La historia de estos momentos, que será narrada en el futuro, debería hacer una detallada referencia a quienes no encontraron una sola razón para arrimar el hombro, sosteniendo no empujando. La excepción de la regla europea.

Ante el embate especulativo, el Gobierno de España ha tenido que responder en los cuatro frentes en los que se cuestiona la confianza en la economía española por los adquirientes de títulos de deuda pública.

En primer lugar, la confianza en el corto plazo, vinculada al déficit público y la viabilidad de la senda de consolidación fiscal que ha de llevarnos al 3% de déficit en 2013, y que ha obligado al Gobierno de España a las medidas de congelación de parte de las pensiones, reducción de salarios de los empleados públicos y de las inversiones del Estado, entre otras.

En segundo lugar, la confianza a largo plazo conectada, no tanto con la crisis como con el sistema público de pensiones y su adaptación a una estructura demográfica muy diferente de la actual en tres o cuatro décadas.

La tercera tiene que ver con la confianza en el sector financiero español, que exige una reestructuración, fundamentalmente de las cajas de ahorro, por  su mayor exposición a la crisis inmobiliaria.

Y en último lugar, la necesidad de reducir lo más rápidamente posible las tasas de paro, de cara a recuperar el ritmo de crecimiento potencial de la economía española y generar confianza económica.

Los tres primeros asuntos son comunes en mayor o menor medida en cada caso concreto, a todos los países de la eurozona, y las medidas también han sido más o menos las mismas con modulaciones en cuanto a la intensidad.

Tanto Francia como Alemania o Italia han anunciado recortes drásticos de gasto público, incremento de la edad de jubilación y reformas de sus respectivos sectores financieros. Y las medidas de ajuste son similares en el Reino Unido, es decir, fuera de la zona euro.

La cuestión diferencial es, sin duda, la tasa de paro sensiblemente más elevada en España.

La elevada tasa de paro en España no ha tenido que ver con la normativa reguladora de su mercado de trabajo, sino con el patrón de crecimiento del país, con su estructura productiva.

El estallido de la burbuja inmobiliaria y la reducción de la demanda en otros sectores productivos, son las causas que están en el origen del aumento del paro, si bien la excesiva precariedad laboral propició un muy rápido ajuste en el seno de las empresas.

Sin embargo, para procurar la más rápida recuperación posible, existía unanimidad, tanto respecto a la necesidad de modificar aspectos del marco laboral vigente, como a posibilitar una reducción de la excesiva segmentación del mercado entre empleos temporales y empleos indefinidos.

Urgido por el contexto financiero, el Gobierno de España afrontó el problema tomando la iniciativa en el marco del diálogo social, consistente básicamente en proponer una extensión del contrato de fomento de la contratación indefinida (más conocido por el contrato de 33 días de indemnización por año trabajado y 24 meses de tope) que anteriormente sólo podía beneficiar a determinados colectivos y que se pretende pueda extenderse a otros con el beneficio de las bonificaciones. Más concretamente, los colectivos elegibles para la formalización de contratos de la Ley 63/97, eran los de trabajadores comprendidos entre los 18 y los 29 años, parados de más de un año, mayores de 45 años y minusválidos, así como a trabajadores con contrato temporal que se convierta en definitivo. Quedaban por tanto excluidos los trabajadores comprendidos entre los 30 y los 45 años a los que se extienden ahora los beneficios de esta forma de contrato. Y por supuesto reordenar todas las bonificaciones de las cuotas, tan sumamente gravosas para el erario público y que la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas ha identificado como poco eficaces para el fomento del empleo.

Pues bien, lo primero que conviene recordar es que ese contrato fue pactado por los interlocutores sociales en 1997. Por tanto, no es verdad, como ha dicho la portavoz del PP, que esa fórmula contractual fuese una propuesta de su Gobierno. No fue así, pactaron sindicatos y empresarios y pidieron al Gobierno que elevase el pacto a rango normativo, cosa que el Gobierno hizo en la Ley 63/97.

No obstante, la propuesta que el Gobierno sometió a la consideración de los interlocutores sociales no fue aceptada ni por los proponentes del contrato único, ni por quienes demandan mayor autonomía de las empresas para ajustar plantillas cualquiera que sea la causa, ni por las organizaciones sindicales, por lo que el Gobierno aprobó por Decreto una reforma laboral que deberá tramitarse en el Parlamento como Ley, incorporándose los cambios que los Grupos Parlamentarios acuerden introducir.

Va a ser muy interesante conocer la reacción del entorno de la derecha de este país a la decisión del Gobierno en materia de reforma laboral. Por desgracia, todo parece indicar que continuarán en posiciones inservibles para avanzar en la superación de la crisis. Podemos esperar afirmaciones de Cospedal del tipo "si los sindicatos no defienden a los trabajadores aquí está el PP para hacerlo", que cuando menos evidencian desfachatez. Más aún cuando las cifras de su trayectoria en ocho años de gobierno en materia de pensiones y, especialmente, en la cuestión del salario mínimo interprofesional, no resisten comparación con las del actual gobierno socialista. Ese impostor partido de los trabajadores, en época de bonanza económica y grandes beneficios empresariales fue muy tacaño en materia de salario mínimo, tanto que en su etapa de gobierno lo incrementó por debajo de la inflación. Y si hablamos de pensiones mínimas, las de los más débiles y vulnerables económicamente, las incrementaron en un 30,2 % con una inflación acumulada en el período del 24,8 %. Sin embargo los socialistas encontramos la pensión mínima (la de con cónyuge a cargo que sirve de referencia) en 492,02 € y la elevamos a 725,20 € en 2010, lo que por el momento, significa en seis años un incremento del 47,4% con una inflación del 14,5 % en el sexenio.

En este contexto, el panorama que se puede entrever para el futuro nos exige a todos los países de la eurozona la defensa de la moneda común. Eso conduce inexorablemente al Pacto de Estabilidad que conlleva mayor rigor fiscal.

¿Qué viene propugnando la derecha española? Es sencillo de comprender: si se inclinan por el déficit cero en términos anuales por una parte, y si se decantan por la rebaja de impuestos por otra, la consecuencia inexorable se traduce en un retroceso de las políticas sociales y una mengua del Estado de Bienestar.

¿Y en materia de reforma del mercado de trabajo sabemos algo de sus verdaderas intenciones? La negociación en el ámbito parlamentario, una vez quebrado el diálogo social, producirá un efecto esclarecedor en la esfera política: el Gobierno ha propiciado que el juego llegue a su final y es necesario que cada cual enseñe sus cartas. ¿Lo han hecho? No. En el PP dicen que están dispuestos pero que el problema es que la reforma se plantea sin estar enmarcada en un plan global, pero pese a su ocultismo podemos adivinar sus inclinaciones. Ellos tienen pasado, y su pasado en esta cuestión no es otro que la Ley 45/2002 que ha traído a la esfera laboral una nueva figura: el despido express, un despido sin salario de tramitación y con una merma de las competencias judiciales.

¿Seguirán ocultando sus intenciones cuando, en breve, se discuta el decreto en el Parlamento? Quedan pocas fechas para conocerlas.

En Asturias, las decisiones que inexorablemente han de tomarse en relación al recorte de gasto público, incluido el sueldo de los empleados públicos serán sometidas a la aprobación del Parlamento en breves fechas en lo que respecta a la Administración del Principado de Asturias. El Gobierno ha planteado un aumento de los impuestos directos y, en particular en el IRPF, que afectará a las rentas más altas para procurar una distribución menos injusta de los efectos de la crisis.

La filosofía de los cambios fiscales propuestos coincide con los planteamientos generales de las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno por razones de equidad, en el marco de la senda de consolidación fiscal que se nos exige.

El desafío esencialmente se presenta por el lado del gasto, la necesidad de transparencia, austeridad y eficacia es mayor que nunca, y la sostenibilidad de los servicios del Estado de Bienestar y el impulso para la recuperación económica exigen un esfuerzo adicional para procurar una gestión aún más eficaz, que asigne de la manera más eficiente posible los recursos públicos.