Informe de la CEA al Comité Autonómico

27 de febrero de 2010


INFORME DE LA CEA AL COMITÉ AUTONÓMICO
27 de febrero de 2010


La actual crisis económica ha llegado después de otras crisis que hacía tiempo que el mundo albergaba. Había una crisis moral, fundada en la prioridad del enriquecimiento sobre cualquier valor, una ambiental, y una social, plasmada en las grandes diferencias de renta y riqueza. Lo ideal sería que, al estar todas relacionadas, se aprovechase la situación para afrontarlas de manera conjunta aunque se tratase de un proceso necesariamente lento.
 
No ha sido así. Se pretende seguir por el mismo camino y, tras pedir un paréntesis en la economía de mercado, se quiere seguir en el marco de liberalización y desregulación que provocó la crisis.
 
No deja de ser paradójico que departamentos o filiales de entidades financieras que han sido apuntaladas con dinero o aval público se dediquen a atacar el valor de los títulos de los gobiernos que los han salvado.
 
En la crisis de 2001 o en la de 1992 se discutía sobre la orientación ideológica de las políticas macroeconómicas, ahora lo que está en cuestión son los valores, las reglas y las instituciones que regulan nuestra economía. Esto es más serio.
 
Es más serio porque numerosos profesionales de la macroeconomía y las finanzas han llegado tan lejos en el alcance de sus previsiones racionales y mercados eficientes, que no aciertan a comprender la dinámica que subyace, en esta crisis, en términos de ilusión monetaria, persecución de beneficios hasta límites antisociales y cambios en la percepción de la equidad en el ámbito económico.
 
En España el fuerte endeudamiento de familias, empresas y entidades financieras (mucho mayor que el del sector público) es, sin duda, un problema que está provocando que algunos analistas alerten sobre los riesgos de la pertenencia al área euro, que impide que, como ocurre en la mayoría de los países, se puedan adoptar políticas monetarias que, a esos países, les permiten devaluaciones competitivas o recurrir a su banco central a la hora de financiar déficits elevados, si los mercados están cerrados en un momento extremo.
 
Incluso hay quien plantea como solución una disminución de niveles salariales en torno al 15%, que tendría efectos deflaccionarios absolutamente nocivos para la economía española.
 
Es verdad que, a corto plazo, puede resultar un problema carecer de autonomía monetaria para utilizar medidas de choque, pero el mayor problema de España a largo plazo es carecer de un modelo de crecimiento concreto, pensado, asumido empresarial y socialmente, y orientado políticamente.
 
Esa orientación es la que quiere dar el Gobierno de España con su estrategia de crecimiento sostenible, basada en reformas que, para concretarse, precisan de pactos y acuerdos políticos.
 
El problema es que, quienes impulsaron, apoyaron y promovieron las políticas neoliberales que están en la génesis de la crisis ponen ahora sus intereses electorales por delante de la imprescindible unidad social con la que luchar contra ella.
 
El Partido Popular no tiene ninguna intención de llegar a pactos estratégicos para despejar el futuro económico y social de España. Su intención es aprovechar la erosión que la crisis, y su manifestación más dramática que es el desempleo, vayan generando en el Gobierno.
 
Ni apoyo contra la crisis, ni medidas concretas explicadas y razonadas. La intención del Partido Popular es centrarse en el mensaje de su autosupuesta eficacia en asuntos económicos.

Se trata de una vieja estrategia de la derecha: rehuir los asuntos que tengan componentes ideológicos y poner el acento en cuestiones transversales que trascienden de la dialéctica izquierda-derecha.
 
En la legislatura pasada fue la lucha contra el terrorismo o el debate territorial. En este momento, las dificultades económicas derivadas de la crisis global.
 
Esa supuesta solvencia no la van a demostrar proponiendo soluciones serias (con coste electoral) a los problemas ni apoyando reformas estructurales que el Gobierno va a abordar en el futuro inmediato.
 
Si existe un asunto que demuestra esta estrategia es el relacionado con la reforma de las pensiones públicas.
 
El PP, que se opuso a la universalización de las pensiones en España votando en contra de las de carácter no contributivo, y que introdujo desproporcionadas ventajas fiscales a los fondos de pensiones de capitalización, ha rechazado en términos demagógicos el documento enviado por el Gobierno a la Subcomisión no Permanente del Pacto de Toledo.
 
Se trata de una cuestión que no tiene que ver con la salida de la crisis (las pensiones públicas cuentan con superávit en el Fondo de Reserva y están aseguradas a más de medio plazo) sino de responder a proyecciones demográficas realizadas por entidades diversas, algunas tan solventes en términos técnicos como el propio Instituto Nacional de Estadística. Además de aireadas (eso sí) por los servicios de estudios de entidades financieras más interesadas en potenciar los sistemas privados de capitalización que en preservar un sistema público de reparto.
 
El Gobierno plantea debatir, en el seno del ámbito político sindical establecido al efecto, la conveniencia de incrementar la edad de jubilación en dos años, consciente de que la palabra trabajo abarca realidades muy diferentes y son muchas las que, en ningún caso y por razones distintas, pueden ejecutarse hasta el umbral de los sesenta y siete años.
 
Un documento para trabajar, aceptando la realidad de que la formación impide hoy acceder al empleo en edades tempranas, la tendencia es a jubilarse primero con una disminución progresiva de las tasas de empleo de mayores de cincuenta y cuatro años, y además (y felizmente) se vive más, con una esperanza de vida creciente, que hoy, en nuestro país ya se aproxima a los dieciocho años tras la jubilación.
 
Debatir ese asunto, conscientes de que las proyecciones demográficas no tienen por qué cumplirse exactamente y que la productividad futura debe ser un factor básico para el mantenimiento y la estabilidad del sistema público de pensiones, es un ejercicio de responsabilidad, porque se despejan también dudas respecto a las dos medidas alternativas a adoptar: el aumento del impuesto sobre el empleo (las cotizaciones) y la disminución de las percepciones, que no se plantean en ningún caso.
 
Hablamos de un territorio en el que la demagogia y la hipocresía están a la orden del día, pero estabilizar y dar garantías al sistema público, debatiendo sobre un asunto concreto para procurar su estabilidad a largo plazo, es una decisión que tienen que tomar aquellos que no proponemos los sistemas mixtos obligatorios (un pilar público de reparto y otro privado de capitalización) que tanto defienden la derecha económica como la política.
 
Conviene realizar un esfuerzo de explicación en este asunto concreto, que deje bien claro cuales son las intenciones del Gobierno de España.
 
En Asturias, la preocupación de los socialistas está, antes que nada, en la cifra de paro, aún cuando ésta permanezca sensiblemente por debajo de la media nacional. Las incertidumbres respecto a la recuperación, y la reactivación del motor industrial y económico de la Comunidad están ahí, y todos esperamos que este trimestre salgamos de la recesión con cifras que, aunque no generen empleo en términos relevantes, mejoren los índices de confianza y activen las decisiones de inversión.
 
En asuntos concretos queremos resaltar hoy dos. El primero tiene que ver con las Comarcas Mineras y el apoyo del Gobierno al sector carbón.
¿Cuántas veces escuchamos a Ovidio Sánchez decir que Felipe González iba a cerrar la minería?
 
No importa que hubiera parado un programa nuclear que habría cerrado obligatoriamente los pozos mineros, porque no hubieran podido funcionar las centrales de carbón.
 
No importa, lo dice y lo reitera… Pues bien, en la minería, para que exista, para que perdure, hay que hacer inversiones en preparación.
 
¿Las más estratégicas, las fundamentales? Reprofundizar. Las últimas inversiones de esta naturaleza que se realizaron terminaron en 1990, y fueron las de los pozos San Nicolás y Santiago.
 
¡20 años! viviendo de aquello, sin una sola reprofundización de pozo vertical en la etapa del PP.
 
Esta semana, el pasado martes, en el pozo San Nicolás se inauguraron otros 120 metros de caña de pozo reprofundizado, con un Gobierno de España socialista como el que había en 1991 que, según el PP, iba a cerrar la minería.
 
El segundo asunto es el del tratamiento de residuos urbanos. Sencillamente creemos en la solvencia técnica de la dirección de Cogersa (que es realmente notable) y en los informes realizados por el equipo multidisciplinar de la Universidad de Oviedo. La urgencia de los plazos por la actual saturación del vertedero de Serín exige tomar una decisión política con carácter inminente.
 
Hemos pedido la mayor flexibilidad a los técnicos encargados de modular el conjunto del proyecto, para que apuren hasta el límite todas las tecnologías complementarias de la incineración.
 
También aceptamos que se estudien otros escenarios de incineración (en grupos térmicos de generación eléctrica con carbón) aunque en la actualidad no sea una técnica utilizada en Europa.
 
Y, por supuesto, vemos razonable que se incremente el volumen de lodos de depuradora que Cogersa planeaba quemar en cementeras.
 
Lo único que no podemos hacer es demorar la solución a un problema que no admite más retrasos y que afecta al interés general de Asturias.