El Grupo Socialista acusa al PP, Podemos e IU de "prevaricación parlamentaria" al dictaminar una ley ilegal

Los tres grupos desoyen un informe jurídico que invalida la Proposición de Ley de Podemos sobre la liquidación de las deudas de usuarios del ERA


La diputada del Grupo Socialista en la Junta General del Principado, Nuria Devesa, ha denunciado esta mañana el "despropósito jurídico" en el que incurren a sabiendas los grupos del Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida al desoír un informe jurídico que señala que la Proposición de Ley de suspensión de las liquidaciones del ERA es inviable jurídicamente. Los citados grupos han dejado constancia de esta estrategia, “alocada y sin rumbo” esta mañana, durante la reunión de la Ponencia de la Proposición de Ley del Grupo Podemos para suspender las liquidaciones de deudas reclamadas a herederos de los usuarios fallecidos del citado organismo. "Es un vergonzoso caso de prevaricación parlamentaria", ha añadido la diputada.

"A este despropósito jurídico, el Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida añaden la cruel e innecesaria mentira que están relatando a los usuarios del ERA. Mentira, porque una ley inviable es inaplicable jurídicamente, lo que sólo puede provocar desconcierto y frustración", ha señalado Nuria Devesa.

El informe que desoyen los grupos Popular, Izquierda Unida y Podemos considera que las actuaciones previstas en la Proposición de Ley presentada por este último no son jurídicamente adecuadas. Entre otras razones, porque plantea la revisión de oficio de todos los expedientes de reclamación de deuda ya abonados para devolución, en su caso, de lo ingresos indebidos. Ese informe señala que la revisión de oficio viene preordenada en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo para depurar los supuestos de nulidad de pleno derecho, unos supuestos entre los que no se encuentran los que incluye la Proposición de Ley de Podemos. El informe jurídico señala, además, que es el Estado el que se reserva la competencia exclusiva para incluir los modos de revisión.

"¿Qué hará el Partido Popular cuando el propio Gobierno de España reconozca que no puede alterar el ámbito competencial del Estado que reserva para sí como competencia exclusiva los modos de revisión de sus actos administrativos en el procedimiento administrativo común, dado que no puede crear un nuevo supuesto como causa de nulidad, y por tanto, no susceptible de revisión de oficio?", se pregunta la diputada.
"Estos grupos parlamentarios dictaminan una ley ilegal, que es el colmo de la mala actuación parlamentaria. Y lo hacen a sabiendas de que cometen una ilegalidad, tal y como señala el informe jurídico que desoyen. Incurren en un vergonzoso caso de prevaricación parlamentaria que ofende la dignidad de la Junta General y denigra a los diputados que lo secundan que, pese a que su cometido es garantizar la legalidad, impulsan con esta estrategia la arbitrariedad y la ilegalidad".