El Gobierno de Javier Fernández consulta con los asturianos las leyes de transparencia y de buen gobierno

Guillermo Martínez dice que los cambios en la RTPA suponen una apuesta por "un modelo de televisión pública de calidad, austera y con una gestión eficaz"


El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de transparencia y el anteproyecto de buen gobierno e incompatibilidades de altos cargos. Además, ha dado luz verde al segundo proyecto de ley de reestructuración del sector público, que afecta a la RTPA y a la Sociedad Regional de Recaudación.

En relación a los dos anteproyectos, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, valoró que se trata de "dos normas legislativas esenciales para seguir avanzando en reforzar el compromiso ético con los valores democráticos, dignificar la vida pública, lograr una administración de puertas abiertas y elevar la participación ciudadana en la toma de decisiones". Y ha calificado de "paso importante" la decisión del Ejecutivo que preside Javier Fernández de convocar a todos los asturianos para que hagan sus aportaciones con la finalidad de mejorar estas dos leyes.

Una vez que los anteproyectos se cuelgen en la web del Principado de Asturias, previsiblemente este viernes en el portal de transparencia, habrá un mes de plazo para que cualquier ciudadano y los colectivos que lo deseen puedan hacer sus comentarios sobre los citados anteproyectos. Finalizado el plazo de consulta, el Consejo de Gobierno aprobará los textos antes de remitirlos a la Junta General para su debate y aprobación. Con la consulta pública de estos dos proyectos, el Gobierno del socialista Javier Fernández se reafirma en su compromiso de "ampliar espacios de participación social y democrática".

La iniciativa de fomentar la participación ciudadana supone, según el consejero de Presidencia, situar al Ejecutivo asturiano entre los siete gobiernos regionales que aplican estas prácticas de transparencia y, por tanto, "entre las administraciones pioneras en el desarrollo de normas legislativas de buen gobierno y participación social, y Asturias está a la cabeza", remachó Martínez.

Prueba de la apuesta del Principado por reforzar las garantías democráticas es que estos dos anteproyectos van más allá de lo que se recoge en el proyecto de ley de transparencia aprobado recientemente en el Congreso. Así, Martínez explicó que, para superar "las lagunas de la iniciativa estatal", se han elaborado dos iniciativa legislativas "ética y políticamente más comprometidas".

Asimismo, el consejero de Presidencia justificó que, finalmente, los dos anteproyectos vayan por separado, "porque la ley de transparencia merece por sí sola tener un trato preferente".

Una de las diferencias con la ley estatal está en que en los dos anteproyectos citados se introducen capítulos específicos sobre la participación ciudadana y la evaluación de políticas públicas. También estos anteproyectos incluyen dos decisiones innovadoras. Por un lado, que el Consejo de Gobierno aprobará en cada legislatura un plan estratégico de transparencia y, por otro, que se creará un distintivo para reconocer a las entidades e instituciones que destaquen en la aplicación de políticas de transparencia.

Además, se crea un consejo asesor de transparencia y una comisión de transparencia. Martínez detalló que será una consejería la que asuma las competencias en políticas de transparencia y que se crearán unidades de información en cada consejería para velar por el cumplimiento de los objetivos.

Además de todas las instituciones públicas, estarán sujetas a la normativa de transparencia partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, además de los colectivos que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones de las administraciones asturianas en una cuantía superior a 50.000 euros o al menos el 40% del total de sus ingresos anuales. La ley prevé la imposición de multas en un importe no superior al 2% del importe del contrato recibido cuando las instituciones públicas o las entidades privadas afectadas incumplan la normativa.

Por otra parte, el Gobierno impulsa el anteproyecto de buen gobierno e incompatibilidades de altos cargos. Una filosofía aplicada ya en el Principado con la publicación en la web del patrimonio del presidente del Principado y de los consejeros, una práctica que sólo realizan cinco gobiernos autónomos.

En este anteproyecto se recoge un marco jurídico sustentado en siete principios éticos. Además, figura un catálogo de infracciones, que van desde la amonestación hasta la inhabilitación o destitución del cargo público en caso de infracción grave.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el segundo proyecto de ley de reestructuración del sector público, que afecta a la RTPA y a la modificación del objeto social de la Sociedad Regional de Recaudación.

Este proyecto de ley persigue adecuar el régimen jurídico de la RTPA a la normativa estatal, en el que se apuesta por "una gestión pública, eficaz y transparente, de calidad en sus contenidos y austera en el gasto".

El modelo de gestión se simplifica con la reducción de cuatro a una de las entidades de la RTPA, que pasará a denominarse Radiotelevisión del Principado.

El Consejo de Administración se reduce de 15 a 10 miembros, incluido el director y el Consejo de Comunicación pasará de 15 a 11 miembros, que no cobrarán retribuciones. Además, se crea un Consejo de Informativos. Un modelo de televisión pública que, según Martínez, "se convierte en un modelo a seguir en el sector audiovisual".