"Estrategia de economía sostenible: clave para el futuro"

Artículo de María Luisa Carcedo publicado en el diario La Nueva España (07/02/2010)


Artículo de María Luisa Carcedo, secretaria de Desarrollo Socioeconómico y Programas de la FSA-PSOE, y publicado en el diario La Nueva España (07/02/2010)

ESTRATEGIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE: CLAVE PARA EL FUTURO

La hegemonía de las políticas inspiradas en el hayekismo y el monetarismo de los gobiernos conservadores, unido a los devastadores efectos sociales y a las inasumibles desigualdades entre regiones del planeta y los grandes movimientos migratorios, ha evidenciado una notable incapacidad para asignar, de forma racional y eficiente, los recursos. También ha puesto de manifiesto su tendencia intrínseca al despilfarro y la insostenibilidad en sus pautas de producción, distribución y consumo. Las recurrencias cíclicas de las crisis en el modelo se han saldado con procesos agudos de desvalorización del trabajo (desempleo) y del capital (reducción de la tasa de inversiones productivas) y con el incremento de la tasa de financiación de las economías, con el recurso creciente al endeudamiento de las empresas y las familias. Junto a ello, se ha intensificado la tendencia a la sobreexplotación de los recursos naturales no renovables y a la agresión contra los ecosistemas y los procesos ecológicos esenciales.

La conciencia colectiva acerca de la necesidad de un cambio drástico en la gestión de los bienes y recursos comunes parece extenderse de forma acelerada, en formas diversas y, en ocasiones, contradictorias. Segmentos cada vez más importantes de la población reclaman su derecho al  acceso y disfrute de esos bienes, con frecuencia de forma conflictiva con otras poblaciones. Las disputas por el agua son sólo la más llamativa expresión del nuevo escenario de contiendas que van a demandar nuevos y más refinados instrumentos de gobierno.

La dimensión y el alcance de los problemas a los que se enfrentan las sociedades de nuestro tiempo desbordan la capacidad de gestión del conjunto de instrumentos de los que disponen los Estados Nación. Los procesos de innovación que demandamos de la actividad económica son tanto o más necesarios en el ámbito político, porque los espacios en donde se plantean los problemas principales de la convivencia social no siempre coinciden con los de los vigentes Estados nacionales.

Algunas regiones del mundo vienen acometiendo desde hace tiempo procesos de innovación política. La UE, con su reciente Tratado de Lisboa, ha dado un paso más en la tarea iniciada en 1957 de construir un espacio de convivencia más ajustado la realidad de nuestro tiempo. El programa de la Presidencia Española ilustra con claridad la importancia  de abordar los problemas en el ámbito y con la dimensión más adecuados para su solución.

No obstante lo anterior, es evidente el retraso en este proceso de innovación en los instrumentos de gobernación de los problemas globales, como acaba de poner de manifiesto la cumbre del clima de Copenhague. En este encuentro, la ausencia de instituciones verdaderamente globales -entre otras cosas- ha frustrado las esperanzas de la opinión pública de encontrar una solución viable al reto del calentamiento global. La conjunción de las crisis ecológica, energética y económica y la necesidad de dar respuestas eficaces a catástrofes naturales tan terribles como la de Haití acentúan la urgencia de acometer esta tarea de diseño institucional, a la que se aplican los gobernantes más clarividentes con el presidente Obama a la cabeza, cuyas políticas son un auténtico cambio de paradigma en las relaciones internacionales.

La constatación de este déficit no supone en modo alguno el vaciamiento de las tareas y obligaciones de los Estados nacionales. Así lo ha entendido el Gobierno de España cuando, simultáneamente al ya reseñado programa para enfrentar en forma coordinada la salida de la crisis en la UE, ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia, la Estrategia para la Economía Sostenible, encaminada a modificar sustancialmente las bases y fundamentos del modelo productivo con vistas a enfrentar, también en el ámbito estatal-nacional, el reto de las tres crisis conjugadas antes mencionadas.

Porque, si en este contexto internacional resultan inaplazables los cambios apuntados, en el caso del modelo productivo español lo son aún más. Ello se debe, en particular, al peso específico del sector de la construcción residencial que, a partir de los cambios introducidos por el PP en la legislación del suelo y en los riesgos hipotecarios, experimentó un desarrollo absolutamente descontrolado e insostenible, tanto desde el punto  de vista económico como ambiental. Como primera medida, el Gobierno socialista, en la anterior legislatura, modificó la legislación del suelo, base para los imprescindibles cambios en este sector. Ahora, una de las acciones prioritarias de la Estrategia es reconducir la actividad del sector a la rehabilitación  de viviendas y entornos urbanos, que tendrá efectos beneficiosos en tres direcciones: generación de empleo en el sector; inclusión social, al impedir la expulsión del centro de las ciudades de determinados segmentos sociales; y ambientales, mediante la mejora de la eficiencia energética y del tráfico en las ciudades.

Dentro de las capacidades de actuación reservadas a los Estados, el Gobierno Español, partiendo de las características de nuestra economía y los componentes del modelo productivo actual, articula la citada Estrategia de Economía Sostenible, con el objeto de construir un sistema productivo competitivo y una economía ambientalmente sostenible y que profundice en la cohesión social.

Para que esta Estrategia tenga eficacia se requieren cambios normativos que se llevarán a cabo a través de la Ley de Economía Sostenible, que incorpora reformas orientadas a impulsar un crecimiento económico equilibrado y sostenible. Además de los cambios normativos, se incluyen medidas para favorecer la financiación de las actividades que definen el nuevo sistema productivo. También son imprescindibles reformas en aquellos sectores que pueden suponer cuellos de botella para el impulso del nuevo modelo, especialmente en la educación, la justicia y la regulación de las energías renovables.

Por la trascendencia que estos asuntos tienen para lograr la consolidación de un nuevo modelo, basado en el conocimiento y el impulso a la innovación, de forma simultánea, el gobierno ha propuesto dos grandes acuerdos. Uno, político: el pacto por la educación y por las energías renovables. Otro, social: con los agentes sociales.

Sólo en esta dirección se puede lograr un crecimiento económico duradero, equilibrado y sostenible. Las recetas provenientes de quienes nos condujeron a la situación actual (especulación financiera, precariedad social y expolio ambiental) es evidente que no sirven, por más que pongan todas las trompetas a sonar atronadoramente para poner sordina a la terca realidad. Estamos asistiendo a una auténtica campaña organizada desde las posiciones más conservadoras para hacer creer que esta situación se debe a las insostenibles prestaciones sociales y al número de empleados  públicos. En este argumentario “olvidan” que la crisis se gestó en los mercados financieros, en el país paradigma del liberalismo económico. En España, existe total amnesia de la ley del todo urbanizable, origen de la burbuja inmobiliaria y el desmesurado peso de la construcción en el empleo de nuestro país.

Siendo esta crisis internacional, los Estados tienen un considerable margen para la acción. Como quedó bien demostrado, su papel fue imprescindible para resolver la crisis financiera, de igual forma que lo es para definir el modelo productivo y el social. En estas circunstancias, la política es más necesaria aún. Y, siguiendo el acertado y ya veterano lema de la Organización Mundial de la Salud -Piensa globalmente y actúa localmente-, compete a todas las instituciones, a los agentes sociales, públicos y privados poner su grano de arena para construir el edificio del futuro. El Gobierno de España, en el ejercicio de su mayor responsabilidad, está poniendo la estructura.