"El PSOE pide retirar una ley de tasas judiciales que provoca que una quinta parte de la población no acuda a los tribunales por razones económicas"

Luisa Carcedo reclama también al nuevo ministro de Justicia que "paralice" la Ley de Justicia Gratuita y la Ley de Organización de la Justicia


La herencia de Alberto Ruiz Gallardón, tras su paso por el Ministerio de Justicia, ha sido duramente criticada por María Luisa Carcedo. La diputada nacional del PSOE por Asturias ha denunciado que, al "fiasco" del ya exministro con la reforma del aborto hay que añadir las tasas judiciales por la incidencia que tienen "sobre los derechos de los ciudadanos cuando acuden a los tribunales".

En concreto, Carcedo asegura que la aplicación de las nuevas tasas judiciales están provocando "que haya un menor uso de los ciudadanos por razones económicas que provoca una desigualdad en la ciudadanía en defensa de sus propios derechos". En este sentido, señala que "hay un 15% menos de recursos contencioso administrativos y casi un 20% menos de recursos a los tribunales superiores de justicia", lo que significa que "una quinta parte de la población española deja de acudir en defensa de sus propios derechos por razones económicas". La diputada nacional puso ejemplos de costes de tasas judiciales: 200 euros, recurrir una multa de tráfico; 1.200 euros, acudir al Tribunal Supremo y 900 euros para denunciar a un banco por las preferentes, lo que "hace que sea una ley injusta y que discrimina por razones económicas".

Los socialistas, según Carcedo, también se oponen a leyes en tramitación como la Ley de Justicia Gratuita y la Ley de Organización de la Justicia, que implica la desaparición de los partidos judiciales, "por lo que le pedimos al nuevo ministro que las paralice o las retire". Además, Carcedo ha informado que el PSOE ha presentado dos recursos ante el Tribunal Constitucional porque "vulneran dos principios constitucionales fundamentales: el acceso a la justicia gratuita y el pago por parte de los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad económica, que se produce a la inversa".

Por otra parte, el director general de Interior y Justicia ha reclamado la "retirada" del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial porque "convulsiona la administración de la justicia en los territorios" y porque, en su opinión, sumará los efectos negativos que produciría una ley de demarcación y planta que "provocaría la desaparición de los partidos judiciales" y plantea que "de los 18 partidos judiciales en Asturias, con la creación de los tribunales de distancia, hubiera un solo partido judicial en Oviedo".

Asimismo, José Luis Villaverde critica la financiación del Estado a la justicia gratuita en las comunidades. En Asturias, según sus datos, "estamos en un estancamiento: pasamos de 4,6 millones a 5 millones y este año estaremos, según nuestras previsiones, en 5,7 ó 5,9 millones" de euros.