"El PP quiere encaminar a Asturias hacia la privatización de la sanidad"

Carmen Eva Pérez Ordieres asegura que la Proposición de Ley de los populares restringe derechos y "drena decenas de millones de euros del sistema público al privado"


La diputada, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha asegurado que el Partido Popular "pretende encaminar a Asturias hacia la privatización de su sanidad" como se demuestra en la Proposición de Ley de garantías de prestaciones sanitarias que esa formación ha presentado esta mañana en el pleno para su toma en consideración. La iniciativa ha decaído. Carmen Eva Pérez ha expuesto que la norma restringiría derechos, supondría un efecto llamada para la industria sanitaria privada y evidencia el interés del PP en "diluir la diferencia entre el sistema sanitario público y el sistema sanitario privado".

La diputada ha criticado el "oportunismo" del Grupo Popular por presentar este iniciativa: "Utilizan el momento en el que nos encontramos para intentar poner en jaque a la sanidad pública asturiana. Pero hay una pequeña triquiñuela: lo están utilizando cuando ustedes mismos han sido causantes del problema: causan el problema, lo publicitan, hacen escarnio del mismo y, eso sí, luego parece que intentan solucionarlo", ha descrito Carmen Eva Pérez en relación a la lista de espera sanitaria.

"Evidentemente, ustedes están en la oposición y no tienen porqué presentar una memoria económica. Porque lo cierto es que, cuando uno está en la oposición, puede pedir lo imposible: ¿Qué problema hay?. Pero, verán: los expertos de la Consejería han calculado que, de aplicarse con las garantías y los plazos que ustedes prevén, esta Proposición de Ley estaría drenando del sistema público al sistema privado varias decenas de millones de euros. Eso afectaría de forma clara a la sostenibilidad del sistema", ha anticipado.

La diputada ha expuesto que, lejos de garantizar prestaciones, la iniciativa del Grupo Popular restringe garantías, "porque vincula las garantías que se prevén en la misma a estar en tenencia de una tarjeta sanitaria, que ustedes mismos han quitado, a aquéllas personas que se encuentran en nuestro territorio en situación irregular. Esa restricción no es legal. También restringe las garantías de los menores extranjeros en situación administrativa irregular, que está totalmente prohibida por el Real Decreto 2003 de cohesión del Sistema Nacional de Salud. Restringe igualmente derechos en el ámbito de las instrucciones previas, porque ustedes vinculan de nuevo estar en posición de esa tarjeta sanitaria a la posibilidad de emitirlas. Oiga, las instrucciones previas las pueden emitir cualquier ciudadano español tenga o no tenga tarjeta sanitaria. Le estoy hablando de hechos, de análisis jurídicos. Hechos, los que quería, se lo estoy ofreciendo", se ha referido Carmen Eva Pérez a la portavoz del Grupo Popular.

"Además, esta ley, y usted lo sabe, tiene un efecto llamada para la industria sanitaria privada porque en Asturias no hay industria sanitaria privada con capacidad suficiente como para asumir todo este volumen de trabajo que ustedes, de un día para otro quieren enviarle. Ustedes incurren a lo largo del todo el texto en una confusión permanente, yo creo que buscada, entre sistema sanitario público y sistema sanitario privado. Buscada porque, es evidente que lo que a ustedes les interesa es que se empiece a diluir esa diferencia entre el uno y el otro. Su Proposición de Ley es una copia de la de Cantabria y de la de Galicia", ha comparado la diputada al tiempo que ha mostrado publicaciones que incluían titulares alusivos.

La diputada ha respondido asimismo al Grupo Ciudadanos que aludió al decreto del Principado para reducir la lista de espera: "Hay publicaciones que indican que, en Asturias, el gasto per cápita en la sanidad privada es de 84 euros, el cuarto más bajo del Sistema Nacional de Salud, que tiene una media de 117. Y para que el quede constancia al señor Suárez –en referencia al diputado popular Carlos Suárez-, en Madrid, hay un gasto en la sanidad privada de 244 euros por persona", .

La diputada ha expuesto aspectos del decreto del Gobierno asturiano para la realización de pruebas diagnósticas en un plazo máximo de dos meses y de cirugías, de seis : "lo que nosotros ofrecemos no sólo cambian las garantías, no sólo cambian los tiempos, se eliminan determinadas garantías como la primera consulta en el ámbito privado porque eso facultaría al ámbito privado a pedir luego pruebas diagnósticas en el ámbito público, lo que podría convertirse eso luego en una gran sangría. Incluso el mecanismo más perfecto tiene que tener previstos en sí mismos sus propios mecanismos de corrección. Porque a un paciente que no está obteniendo las prestaciones por un error del sistema, no podemos ofrecerle un vale, si no que tenemos que ofrecerle soluciones", ha concluido.