"El Gobierno de Asturias recurrirá a los tribunales tantas veces como sea necesario para reclamar los compromisos asumidos con los fondos mineros"

El Principado exige por vía judicial al Gobierno de España el pago de 21,5 millones de 20 obras ya ejecutadas de convenios de fondos mineros



El Gobierno de Asturias acudirá de nuevo a los tribunales para "exigir" al Gobierno de España 21,5 millones de euros correspondientes a 20 obras ya ejecutadas incluidas en convenios de fondos mineros. "Un asunto complejo y muy importante" para el Principado, según Guillermo Martínez. "El Gobierno de Asturias recurrirá a los tribunales tantas veces como sea necesario para reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos asumidos con los fondos mineros", ha advertido el consejero de la Presidencia "porque para nosotros es una cuestión irrenunciable y de justicia con las cuencas mineras". No obstante, el consejero, pese a la litigiosidad con el Gobierno central por los fondos mineros, "porque la defensa de la minería y de las cuencas es una cuestión prioritaria para este Gobierno", ha reiterado la disposición del Principado "al diálogo y a seguir manteniendo una actitud de colaboración con plena lealtad institucional".

En espera de que el flamante Gobierno de Rajoy "rectifique sus planteamientos tanto en su política con la minería como con la ejecución con los compromisos asumidos con los fondos mineros", el consejero de Empleo, Industria y Empleo ha explicado que el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la interposición de varios recursos contencioso-administrativos contra la desestimación, por silencio administrativo, de los recursos de reposición presentados contra las resoluciones del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), de 15 de febrero y 24 de mayo de 2016, que declaran la pérdida del derecho al cobro de las ayudas concedidas para la ejecución de 20 proyectos de fondos mineros.

Se trata, ha detallado Francisco Blanco, de convenios incluidos en la primera sentencia de fondos mineros, de 28 de octubre de 2013, que daba la razón al Principado en sus planteamientos. El fallo estimó parcialmente el recurso contencioso interpuesto por el Ejecutivo autonómico ante la inactividad administrativa del Ministerio de Industria, que no cumplió las obligaciones económicas resultantes de la ejecución de los convenios de colaboración suscritos con el Gobierno de Asturias.

La sentencia, añadió el consejero, "instaba al ministerio a determinar, en cada caso, las incidencias que concurrieran en la ejecución de los convenios de colaboración litigiosos, con la identificación de los posibles incumplimientos, a los efectos de establecer el pago de las cantidades que en su caso procedieran, previa audiencia al Principado de las alegaciones y subsanación de las posibles deficiencias apreciadas".

El relato de los hechos a raíz de la citada sentencia, según Blanco, fue que el Gobierno central inició el análisis de los 57 convenios incluidos en el citado recurso. En febrero febrero y mayo de este año, el Ejecutivo central emitió sendas resoluciones en las que determina la pérdida del derecho al cobro de las subvenciones destinadas al Principado para 20 actuaciones. Ante esta decisión, la Administración autonómica presentó los recursos de reposición, desestimados por silencio administrativo, que originan ahora un nuevo litigio en los tribunales.

Los convenios objeto de estos nuevos recursos son los siguientes:
1. Museo de la Lechería de Morcín (546.300 euros).
2. Proyecto técnico para el polígono industrial de Cabañaquinta, en Aller (149.640 euros).
3. Proyecto técnico para el polígono industrial de las Vegas, en Caso (222.796,80 euros).
4. Proyecto técnico para el polígono industrial de Degaña (136.880 euros).
5. Proyecto Angliru-Base (2.360.094,39 euros).
6. Ecomuseo del valle de Samuño (6.500.000 euros).
7. Plan de mejora de los accesos a zonas ganaderas del concejo de Aller: acondicionamiento de pistas forestales (330.678,37 euros).
8. Plan de recuperación integral y mejora de la imagen en zona rural: proyecto técnico y ejecución de la rehabilitación de fuente y lavaderos públicos en San Martín del Rey Aurelio (144.388,86 euros).
9. Infraestructuras básicas para el desarrollo del Alto Aller (3.496.155,36 euros).
10. Plan de mejora de accesos a poblaciones mineras en la zona rural: acondicionamiento de la carretera Cao-La Carrera (411.402,98 euros).
11. Saneamiento, depuración y pavimentación de Villacibrán, en Cangas del Narcea (585.746,37 euros).
12. Pavimentación de caminos desde Robledo de San Cristóbal a Las Escolinas, en Cangas del Narcea (93.245 euros).
13. Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras (1.309.240,96 euros).
14. Plan de dinamización turística en torno a los recursos hídricos de la comarca de fuentes del Narcea (1.606.986,68 euros).
15. Plan de suelo de vivienda para jóvenes (2.554.315,49 euros).
16. Construcción de locales y salas de ensayo para grupos de música en el barrio de La Peña, Mieres (211.600 euros).
17. Actuaciones en la red de distribución de aguas en Ibias (174.124,70 euros).
18. Plan de saneamiento y abastecimiento de agua a Aller: abastecimiento a Santibáñez de Murias (148.427,61 euros).
19. Plan de saneamiento y abastecimiento de agua a Aller: mejora del abastecimiento al núcleo de Boo (249.962,09 euros).
20. Saneamiento, reposición de abastecimiento y pavimentación de Villarmental, en Cangas del Narcea (272.965,00 euros).

El Principado ha interpuesto hasta ahora tres recursos contencioso-administrativos contra la inactividad del Ejecutivo central en relación con los fondos mineros que suman 334 millones. El primero de ellos (45/2012) se presentó ante el juzgado central de lo contencioso-administrativo número 4 de Madrid y hacía referencia a 57 convenios del año 2011 por un valor de 213 millones. La sentencia, emitida el 28 de octubre de 2013, estima parcialmente la demanda del Principado, razón por la que el Ministerio de Industria apela a la Audiencia Nacional, que desestima la apelación en abril de 2014. Es el origen de la reclamación que ahora se plantea a través de recursos contencioso-administrativos.

El segundo recurso (32/2013) fue interpuesto ante el juzgado central de lo contencioso-administrativo número 11 de Madrid e incluye 3 convenios de 2012 por importe de 53 millones. La sentencia, de julio de 2015, desestima la demanda del Principado. Posteriormente, en febrero de 2016, la Audiencia Nacional desestima también el recurso de apelación.

El último de los recursos (29/2014), pendiente de resolución por parte de la Audiencia Nacional, incluye tres convenios por un valor de 68 millones.

El consejero de Empleo cifró en 195 millones de euros los convenios de fondos mineros ejecutados pendientes de cobro y en 60 millones los convenios de fondos mineros no ejecutados.