"El anteproyecto de ley de transparencia es uno de los principales compromisos en regeneración democrática"

La nueva normativa regional, que inicia desde hoy el periodo de información pública, incorpora un régimen sancionador que permitirá castigar las infracciones de los altos cargos




Guillermo Martínez ha informado de la apertura del periodo de información pública (a partir de hoy y durante 20 días hábiles) del anteproyecto de ley del Principado de Asturias de transparencia y buen gobierno. Una iniciativa legislativa que, según el consejero de Presidencia, "constituye uno de los principales compromisos en materia de regeneración democrática". Martínez ha dejado patente la voluntad del Gobierno de Principado, una vez que el anteproyecto sea remitido en un plazo de dos meses a la Junta General, de "pactar con los grupos con representación en la Junta un texto que logre la mayor unanimidad posible en una cuestión que es esencial para nuestra sociedad".


El texto, "ambicioso y con una nueva redacción" respecto a anteriores anteproyectos, persigue como objetivo "regular la transparencia en la actividad pública y el buen gobierno", incorporando, entre sus novedades, un régimen sancionador que permitirá castigar las infracciones muy graves de los altos cargos con hasta 10 años de inhabilitación.


En la estructura de gobierno del Principado, según Martínez, el anteproyecto crea las unidades de transparencia, un servicio de transparencia, un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción. Una estructura "que supone el mínimo aumento en la estructura de gobierno y en el que la única novedad como estructura, con un coste mínimo, sería la unidad coordinadora, con rango de jefatura de servicio".


El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contará con un presidente, que será nombrado por el Consejo de Gobierno pero que deberá ser elegido en la Junta por una mayoría de 2/3. De ese presidente del Consejo dependerá la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción.


Además de la aprobación de un código y un canal ético para denunciar conductas irregulares (en las que no se contempla el anonimato) y la creación de un registro de bienes patrimoniales de altos cargos, el anteproyecto recoge con claridad un régimen sancionador en materia de transparencia que puede acarrear, en el caso de infracción muy grave, una multa de uno a tres meses de sueldo, la destitución del cargo público o la inhabilitación por un periodo de entre cinco y 10 años.