El Congreso aprueba una iniciativa socialista sobre el impuesto especial sobre el carbón

Adriana Lastra advierte en la presentación de la PNL en la Comisión de Hacienda de que "o se aprueba de inmediato alguna clase de beneficio fiscal que promueva el consumo de carbón nacional o el sector entrará en un proceso de deterioro irreversible"




"La situación del sector de la minería del carbón en España ha llegado a un límite insostenible”, ha lamentado hoy la portavoz de Administraciones Públicas y diputada por Asturias Adriana Lastra, para advertir de que “o se aprueba de inmediato alguna clase de beneficio fiscal que promueva el consumo de carbón nacional o el sector entrará en un proceso de deterioro irreversible, si es que no lo está ya”.

Con ese objetivo ha defendido hoy en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas una proposición no de ley socialista sobre el impuesto especial sobre el carbón que ha obtenido el respaldo del Congreso, destacando que “”a única medida viable pasa por la Bonificación del denominado ‘céntimo verde’”, explicó, que cumple las directrices recomendadas en el documento publicado el 28 de junio de 2014 ‘Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020’ y que tendría el efecto de acercar el precio del carbón nacional al precio actual del carbón importado, y permitiría un mix de generación con mayor presencia de dicho carbón autóctono, de forma que el carbón comprado fuera consumido, e implementando como consecuencia una obligación o conveniencia de compra de carbón nacional más allá de 2018.

“En España se quema carbón todos los días, y se quemará durante muchos años”, subrayó la diputada asturiana, incidiendo que “de los 20 millones de toneladas que se quemaron el año pasado, tan solo 3 millones eran españoles y 17 millones, importados”, advirtiendo que eso se traduce en “miles de familias abocadas al paro y la pobreza”. Así, aseguró que el suroccidente asturiano, León, Palencia, Teruel, Mequinenza o Puerto Llano; los sindicatos mineros y la patronal; los gobiernos autonómicos de Asturias, Castilla y León y Aragón; y todas las comarcas mineras españolas a través de ACOM, están a la espera de una respuesta como la propuesta socialista que hoy ha aprobado el Congreso.