"Con las leyes de Buen Gobierno y de Transparencia homologaremos a Asturias con cualquier democracia europea avanzada"

Guillermo Martínez llama al consenso a los grupos de la Junta para aprobar dos proyectos de ley "claves para asegurar la calidad democrática"


El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de altos cargos. Además, ha analizado el proyecto de ley de Transparencia que, tras el dictamen del Consejo Consultivo, será enviado próximamente a la Junta General para su tramitación parlamentaria, un proceso que se iniciará de inmediato en el caso del proyecto de ley de Buen Gobierno. El consejero de Presidencia puso en valor estos dos proyectos con los que, una vez aprobados, "homologaremos a Asturias con cualquier democracia europea avanzada".

Guillermo Martínez explicó que, con estos dos proyectos de ley, el Gobierno socialista que preside Javier Fernández persigue hacer frente a la situación de descontento generalizada de la opinión pública con los políticos y con la política. "Hemos de empeñarnos en recuperar y afianzar la confianza en las instituciones y una de las mejores maneras es tener bolsillos de cristal", dijo citando la expresión acuñada por Javier Fernández.

Catálogo de infracciones
El proyecto de Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos se asienta sobre los principios de integridad, ejemplaridad, liderazgo, transparencia, honradez, austeridad, accesibilidad y lealtad institucional. El texto, por otra parte, incluye un catálogo de infracciones que amplía las que recoge la norma estatal. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación, mientras que las muy graves lo serán con la destitución del cargo público, su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un periodo de cinco a diez años y la pérdida del derecho a percibir cualquier tipo de indemnización tras haber sido destituido. Cuando la infracción trascienda el ámbito competencial del Principado, en caso de supuesto delito, será la jurisdicción penal la que asuma el procedimiento. Asimismo, cuando se aprecie responsabilidad contable, se informará a la Sindicatura de Cuentas, previa comunicación a la Junta General.

El proyecto de Ley de Transparencia incluye como novedades, respecto a la legislación estatal, dos títulos específicos sobre evaluación de las políticas públicas y participación ciudadana, respectivamente. Además, el Consejo de Gobierno aprobará en cada legislatura un plan estratégico de transparencia que incluirá todas las medidas dirigidas a promover y desarrollar la transparencia administrativa en Asturias. También se recoge en este proyecto de ley que el Gobierno creará un distintivo para reconocer a aquellas entidades e instituciones que destaquen por la aplicación de políticas de transparencia.

Por otra parte, los cambios en el ámbito organizativo incluyen la creación del Consejo Asesor de Transparencia, además de la constitución de la Comisión de Transparencia. Una de las consejerías asumirá las competencias en esta materia y se encargará del seguimiento de las políticas de transparencia y gobierno abierto, además de crearse las unidades de información en cada consejería para velar por el cumplimiento de los objetivos de transparencia y atender a las demandas.

Dada la importancia que el Gobierno socialista da a la aprobación de estas leyes, "claves para asegurar la calidad democrática", Martínez llama a los grupos parlamentarios al "consenso y al acuerdo parlamentario amplio".

La ley de Buen Gobierno, que tendrá un desarrollo reglamentario de los 22 artículos que la conforman, se pondrá en funcionamiento, una vez sea aprobada, en un plazo de seis meses. Este proyecto de ley establece que, cuando haya altos cargos afectados por incumplimiento de incompatibilidades, será el titular de cada consejería el que imponga la sanción, y el Consejo de Gobierno en el caso de que se trate de un miembro del Consejo.

Además, en la ley se recoge que se deberá remitir un informe trimestral al Consejo de Gobierno sobre incompatibilidades de altos cargos y una memoria anual a la Junta General sobre las incidencias de la ley.

Junto a la regulación sobre la aceptación de regalos por parte de los altos cargos, que "impone que no se aceptarán más allá de lo que indiquen los usos y las costumbres sociales", el proyecto de ley de Buen Gobierno determina "taxativamente que, cuando se tenga conocimiento de posibles irregularidades o incumplimientos de la ley, se debe poner en conocimiento de la administración judicial. No hacerlo se considera como falta muy grave".

Asimismo, Guillermo Martínez detalla que "en el momento en el que se abra un procedimiento judicial, el procedimiento interno de sanción de buen gobierno de la administración regional se paraliza hasta que no haya una resolución judicial. Después se continuaría el procedimiento".

Respecto a la normativa estatal, "que tiene una orientación muy taxativa en el incumplimiento de las obligaciones económicas", Martínez explicó que en la normativa asturiana de buen gobierno "se amplían los principios de conducta, contempla nuevas infracciones y es mucho más dura porque circunscribe con más detalle las incompatibilidades de los cargos públicos, caso de los jefes de Gabinete, además de unificar en un solo registro todas las declaraciones de los altos cargos".