"El Gobierno de Asturias es el máximo interesado en que se celebre el juicio por el caso Marea y ofrecemos una colaboración absoluta con la justicia"

Guillermo Martínez anuncia que el Ejecutivo solicita a la Fiscalía que investigue el incremento en 4 millones de la responsabilidad civil que reclama el Gobierno y advierte de "los intentos de la oposición de politización del caso"



El Gobierno del Principado ha reiterado la "colaboración total y absoluta con la justicia en el proceso judicial abierto por el caso Marea", cuyo juicio se está celebrando desde el pasado lunes. El consejero de Presidencia ha destacado el interés del Gobierno presidido por Javier Fernández en "esclarecer los hechos y para que se resarza al Principado tanto de las cantidades económicas como de las penas que se solicitan". Asimismo, Guillermo Martínez, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, ha enfatizado que "en ningún momento hemos aceptado ningún tipo de negociación con las defensas de las personas que son acusadas por el Principado a penas de 57 años de prisión, además de unas cantidades económicas muy importantes".

De forma taxativa, el titular de Presidencia ha negado que haya mantenido ningún contacto personal con las defensas de los acusados por el caso Marea, "ni siquiera en conversación telefónica" porque "la instrucción ha sido siempre clara y concisa: el Gobierno de Asturias es el principal interesado en que este juicio se celebre para poder resarcirse de las cantidades económicas perdidas y también de las penas que pedimos por la presunción de una serie de delitos que determinamos en la calificación de la causa". En este contexto, Martínez ha aclarado que "en la única reunión formal que se celebró, en la sede de la Fiscalía y en presencia de la fiscal, el Principado no entró ni tan siquiera a valorar el contenido del acuerdo porque no aceptamos rebaja alguna ni en las penas ni en las cantidades económicas".

"El máximo interesado en que se celebre el juicio es el Gobierno de Asturias, aunque no les guste a las defensas", manifestó Martínez, quien también dijo ser consciente de que "es probable que la oposición aproveche el juicio para atacar al Gobierno", una estrategia política que no hará variar el objetivo principal del Gobierno de Asturias, que "es la defensa de los intereses de la comunidad autónoma, que se traducen en una serie de penas y también en la reclamación de unas cantidades económicas importantes".

Además, Guillermo Martínez admitió que el Ejecutivo asturiano es consciente de que el juicio por el caso Marea "concita mucha atención mediática y que habrá intentos de politización del caso y de vincular injustamente a este Gobierno con los hechos ocurridos hace más de cinco años". No obstante, Martínez ha advertido que "ni vamos a tolerar que se nos ponga bajo sospecha a los socialistas ni vamos a consentir que la celebración del juicio interfiera en la acción del Gobierno". "Si algún partido quiere escudarse en este proceso o si alguna estrategia judicial pretende politizar la vista con el objetivo de presionar al Gobierno, allá ellos", ha añadido.

Pese a dejar claro que "el Gobierno no va a entrar en el juego de las tretas y los vericuetos de las defensas", el titular de Presidencia ha anunciado respecto a las cantidades de responsabilidad patrimonial del Principado que deben resarcirse, tras el rechazo del tribunal de la documentación presentada, "que ha sido remitida al tribunal del caso Marea y a la Fiscalía para que se abran diligencias de investigación" para buscar el resarcimiento de la responsabilidad civil "en vía penal, en vía civil y por el Tribunal de Cuentas". Sobre este supuesto fraude de cerca de 4 millones de euros en la responsabilidad civil que reclama el Gobierno del Principado, el consejero ha explicado que a partir de junio de 2015 la Consejería de Educación inició una investigación para comprobar que el material suministrado en 2009 y 2010 había sido entregado a los centros educativos.

Finalmente, en relación al error detectado en los datos enviados a la Audiencia Nacional sobre la compra de bienes muebles en el Instituto Adolfo Posada, Martínez ha detallado “que se le atribuyen al Adolfo Posada adquisiciones de bienes muebles, entre 2006 y 2009, por 11,4 millones cuando en realidad solo le corresponden adquisiciones por un valor máximo de 249.000 euros, lo que deja claro que es un error material".