Los extranjeros sin recursos en situación irregular recibirán atención sanitaria


El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha dado instrucciones al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) para que se facilite la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular que carecen de tarjeta sanitaria.

Faustino Blanco ha hecho este anuncio al término de una reunión mantenida con varias organizaciones de solidaridad y derechos humanos y organizaciones científico profesionales de atención a la salud que integran un grupo de trabajo para abordar el impacto del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y que ha sido elaborado por el Ministerio de Sanidad.
 
En la reunión con el consejero estuvieron presentes Elena Fernández Ardisana, de la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias; Pablo Pérez Solís, de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria; José Fernández, de Médicos del Mundo; Pilar Quintana, de Asturias Acoge y Amelia González, de SOS Racismo.

Este colectivo, integrado por una quincena de asociaciones, han mostrado al consejero  de Sanidad su preocupación ante la situación de desamparo en la que quedan las personas inmigrantes en situación irregular, en relación a su derecho de salud, tras la aprobación del real decreto.
 
El acceso a las prestaciones sanitarias de este colectivo se había dejado sin regular en la norma aprobada por el Ministerio de Sanidad que define la condición de asegurado y especifica varios supuestos en relación con la prestación de la atención sanitaria. Entre estos supuestos, no se hace mención alguna a las personas extranjeras residentes en España y que se encuentran en situación irregular.
 
Esta circunstancia es lo que ha hecho necesario que el consejero de Sanidad haya dictado unas instrucciones que ya han sido remitidas al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) y que clarifican cómo ha de realizarse la atención sanitaria en aquellos casos en los que el decreto no era lo suficientemente explícito.
 
La Consejería de Sanidad ha detectado que esta falta de definición está generando una desorganización en el acceso a las prestaciones sanitarias en Asturias ya que algunas de estas personas no estaban recibiendo atención médica en los centros de salud y sí en los servicios de urgencias. Esta circunstancia estaba originando en el Servicio Público de Salud un aumento innecesario y evitable de los costes sanitarios.
 
La atención prevista a estas personas está basada en la Ley General de Salud Pública, una norma básica que promueve el funcionamiento coordinado de las estructuras asistenciales para preservar la salud poblacional, y que contempla actuaciones colectivas e individuales, entre las que se incluyen las actividades de promoción de la salud y las de prevención de la enfermedad. Esta ley, asimismo, señala el compromiso de equidad en salud y de reducción de desigualdades de salud respecto de la atención a una población excluida.
 
La propia ley explicita que “los servicios sanitarios resultan imprescindibles para dar respuesta a los problemas de salud de la colectividad, pues consiguen atenuar los perjuicios de las enfermedades y permiten que se pueda recobrar la salud perdida y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas”.
 
Además, es preciso tener en cuenta que entre los objetivos del Plan de Inclusión Social de Asturias está la asistencia sanitaria de los grupos de población en situación de exclusión, como son los inmigrantes irregulares sin recursos a los que también están dirigidos los programas de acogida e integración de las personas inmigrantes.
 
El consejero de Salud expresó su compromiso de seguir trabajando con este grupo de organizaciones de solidaridad y colectivos de profesionales de la salud con el fin de que la aplicación en Asturias de este Decreto, por falta de previsión, no deje sin atención sanitaria a ninguna persona, independientemente de cuál sea su situación administrativa.
 
Las asociaciones que se han constituido en grupo de trabajo para abordar el impacto del Real decreto sobre la población inmigrada son las siguientes:
 
Asociaciones científico-profesionales
Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria (AAPAP)
Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN)
Asociación de Matronas del Principado de Asturias (APROMAP)
Asociación de Trabajo Social Sanitario
Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC)
Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias (SEAPA)
Sociedad Española de Medicina General (SEMG)
Sociedad Española de Médicos del Atención Primaria (SEMERGEN)
 
Organizaciones de derechos humanos
Amnistía Internacional Asturias
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP)
Asturias Acoge
Forum de Política Feminista
Médicos del Mundo
SOS Racismo