El Principado aprueba el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno

Guillermo Martínez destaca que, con la nueva norma, el Gobierno de Asturias "cumple con uno de sus principales compromisos para la regeneración democrática"


Luz verde a la ley de Transparencia tras la aprobación esta mañana en Consejo de Gobierno del anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Transparencia y Buen Gobierno. La aprobación de la nueva norma, que iniciará la tramitación parlamentaria en la Junta General a partir del mes de septiembre, se ha producido tras haber sido sometido al proceso de información y audiencia públicas, y a la evaluación de los organismos pertinentes, que culminó con el dictamen favorable emitido por el Consejo Consultivo el pasado 7 de julio. En el procedimiento administrativo y técnico al que ha sido sometida la nueva normativa han participado más de 80 colectivos y asociaciones, organizaciones expertas en transparencia y las comisiones de la Administración autonómica.

El Ejecutivo asturiano, según el consejero de la Presidencia, "cumple con esta nueva normativa uno de sus principales compromisos en materia de regeneración democrática", un nuevo marco en Transparencia que supera el marco legal de ámbito nacional y será de obligado cumplimiento no sólo para el Gobierno autonómico, sino también para las entidades locales, los organismos y entes públicos dependientes de ambas administraciones, la Universidad de Oviedo, las corporaciones de derecho público, las sociedades mercantiles en cuyo capital social sea mayoritaria la participación de la Administración del Principado o las entidades locales, las fundaciones y entes del sector público, las asociaciones de administraciones públicas, con excepción de aquellas en las que participe la Administración del Estado; la Junta General del Principado, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo.

Además, y en lo que se refiere a la publicidad activa, sus directrices también se aplicarán a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales de ámbito autonómico, a las federaciones de partidos, las agrupaciones de electores y las fundaciones que dependan de ellos, así como a las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones en una cuantía superior a 30.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos alcance un mínimo de 3.000 euros.

Régimen sancionador para cargos públicos
Precisamente es en este apartado donde la nueva ley endurece la legislación básica, ya que incluye diez bloques temáticos que deben someterse a información pública frente a los tres de la norma estatal. Así, entre los nuevos datos sujetos a publicación figuran los siguientes: La ley incluye un régimen sancionador para altos cargos en materia de transparencia y prevé la creación de la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, así como de un canal ético de denuncia ciudadana sobre presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos.

El régimen sancionador estipula, en el caso de infracción muy grave por parte de los altos cargos, la imposición de una multa por importe de uno a tres meses de sueldo, la destitución del puesto o la inhabilitación por un período de entre de cinco y diez años.

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, comparecerá a petición propia en la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana de la Junta General del Principado para informar sobre el contenido de esta ley en su tramitación parlamentaria.